Colquiri: alcances de la
nacionalización
Dos
causas explican el conflicto: El más difundido es el aumento internacional de
precios de los minerales, que despiertan el interés para obtener beneficios de
la explotación minera circundante. La otra causa es la falta de definición de
la política minera, fundamentalmente en el tema de la propiedad, señala Pablo
Poveda, experto en este tema, que nos da más elementos y antecedentes para
comprender este caso.
Pablo
Poveda
Características
e importancia del yacimiento de Colquiri
El
distrito minero de Colquiri se halla ubicado en la provincia Inquisivi del
departamento de La Paz, en la cuarta sección municipal del mismo nombre, a 233
km al sudeste de la ciudad de La Paz. Colquiri en Aymara significa “plata
dormida”, conociéndose el yacimiento desde la colonia por la explotación de
este mineral. Este es un yacimiento polimetálico de estaño-zinc-plomo-plata.
Según
proyecciones del censo de 2001, la población del municipio de Colquiri para
2011 es de 20.295 habitantes, estimándose entre 1.600 a 2.600 trabajadores
mineros (400 en Sinchi Wayra, 1.200 de la cooperativa 26 de Febrero, y unos
1.000 en las cooperativas 21 de Diciembre, Collpacota y Socabón Inca; por otra
parte, el 31 de agosto de 1985, Colquiri tenía 2.515 trabajadores).
En el distrito de Colquiri existen un total
de 106 concesiones mineras, las que abarcan 6.380 hectáreas, de las cuales el
80% pertenecen a la empresa estatal COMIBOL (5.103 hectáreas). La Empresa
Minera Colquiri de Sinchi Wayra y la cooperativa 26 de Febrero, han arrendado
de la COMIBOL, cada una por su cuenta, una parte del yacimiento Colquiri.
Cuadro 1: Concesiones Mineras en Colquiri
Razón Social
|
Número
|
Porcentaje
|
Hectáreas
|
Porcentaje
|
Comibol
|
96
|
91%
|
5.103
|
80%
|
Empresa Tiwanacu
|
1
|
1%
|
250
|
4%
|
Unipersonal
|
9
|
8%
|
1.027
|
16%
|
Total
|
106
|
100%
|
6.380
|
100%
|
Fuente: Sergeotecmin
2008.
Producto
del cierre de operaciones de COMIBOL desde 1987, mediante Decreto Supremo
Restructuración de COMIBOL 21377, artículo 24, se ordena que los trabajadores
despedidos del distrito minero de Colquiri formen cooperativas, para recibir en
arriendo una parcela del yacimiento. En esas circunstancias, el 16 de
septiembre de 1987, nace la cooperativa “26 de Febrero” con 320 socios
fundadores.
En el año 1999 la empresa Comsur –del ex
presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la financiera del estado británico –la
Commowealth Developmen Corporation, se adjudicaron bajo arriendo otra parte del
yacimiento por un tiempo de 30 años, con el compromiso de inversión de $us 2
millones. Por otra parte, COMIBOL proporcionó soporte técnico para el
desarrollo de reservas con una inversión de $us 10 millones. Posteriormente, en
diciembre de 2004 la empresa suiza Glecore SA compra el 89% de la empresa
COMSUR, estableciéndose la filial Sinchi Wayra.
Cuando la empresa Comsur empieza la
producción en Colquiri el año 2002, se calculaban reservas de concentrados de
estaño por 162.000 toneladas, y de 1.012.000 toneladas de zinc. De acuerdo a la
cotización oficial de precios en la primera quincena de junio, $us 19.603 la
tonelada para el estaño y $us 1.894 la tonelada para el zinc, el valor actual
aproximado del yacimiento es de $us 5.092 millones. Comparativamente, las
reservas de estaño representan el 17% de las reservas de Huanuni, y las
reservas de zinc representan el 25% de las reservas de San Cristóbal,
revelándose la importancia del yacimiento.
La producción de estaño en Colquiri es la más
importante, aunque también produce zinc y plomo. En el año 2011, produjo 2.190
TMF de estaño con un valor aproximado de $us 55 millones, que representan el
10% de la producción nacional, el 23% de la producción de Huanuni, y el 92% de
la Minería Mediana.
Cuadro 2: Producción de
concentrados en Colquiri (Toneladas Métricas Finas)
Mineral
|
2002
|
2003
|
2004
|
2005
|
2011
|
Estaño
|
2.790
|
2.859
|
2.545
|
2.940
|
2.190
|
Zinc
|
13.787
|
15.766
|
12.034
|
13.116
|
s/d
|
Fuente: ANMM y Página Siete 5/6/12.
Antecedentes
para entender el conflicto
El
pasado 30 de mayo, los cooperativistas toman el yacimiento, pero los
trabajadores de la empresa Sinchi Wayra exigían al gobierno obligar el desalojo
de los avasalladores. No aparecen públicamente los ejecutivos de la empresa, y
aparentemente, la defensa de sus ganancias queda en manos de los trabajadores,
que defienden sus fuentes de empleo.
El
conflicto económico por la disputa de la explotación de un yacimiento de
propiedad de COMIBOL entre Sinchi Wayra y la cooperativa 26 de Febrero,
adquiere carácter político, cuando las federaciones nacionales de trabajadores
asalariados y cooperativistas asumen reivindicaciones sectoriales.
La
Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia FSTMB, firma un acta de
entendimiento con el gobierno, que establecerá una estrategia común para evitar
los avasallamientos. Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas
Mineras FENCOMIN, respalda la toma y exige al Ejecutivo dé paso a las
conclusiones de la Cumbre Social realizada en la ciudad de Cochabamba, donde se
estableció, que el estado plurinacional debe otorgar más concesiones a los
cooperativistas.
El
5 de junio, luego de una reunión entre la FSTMB (que cabe mencionar, no asistió
a la Cumbre Social), el Ministerio de Minería y la COMIBOL, surge la propuesta
de “nacionalizar el yacimiento”, es decir, la ruptura del contrato de
arrendamiento del yacimiento por parte de COMIBOL con la empresa Sinchi Wayra.
La FSTMB aceptó la propuesta gubernamental de nacionalizar la mina Colquiri
para evitar el enfrentamiento entre asalariados y cooperativistas, señalando
que la decisión de expropiar está en manos del Ejecutivo, que informó que
estaba elaborando el decreto. No hay que olvidar que el XXXI Congreso Minero de
la FSTMB de 2011, propone la nacionalización de las minas para beneficio del
Estado y no de las transnacionales.
Asimismo, el 6 junio se realiza un cabildo en
el distrito minero de Colquiri, que determina solicitar al Gobierno que se
rompa el contrato que firmó el Estado con la empresa Sinchi Wayra, para que la
mina sea explotada por la COMIBOL.
Dos
días más tarde, el 8 de junio, se suscribe un acuerdo entre la Minera Sinchi
Wayra Colquiri, el Ministerio de Minería, representantes de las cooperativas 26
de Febrero, Collpacota y Socavón Inca, y FENCOMIN. El convenio indica
que, con la aprobación de la COMIBOL, la empresa Colquiri, ha dispuesto ceder a
dichas cooperativas la veta Rosario, en toda su profundidad, para que sean
ellas los que lleven adelante la explotación. Con la condición de vender toda
su producción del mineral bruto a la compañía. Esto somete el sistema de
producción de las cooperativas a las expectativas de obtención de ganancias de
la empresa.
Pese a la firma del
acuerdo, la FSTMB y los trabajadores de Colquiri, que no forman parte del
acuerdo, siguen presionando y negociando con el gobierno por la
“nacionalización de Colquiri” en los días siguientes. El 11 de julio el
Ministro de la Presidencia hizo oficial la noticia al señalar que “la
recuperación de Colquiri es un hecho sin retorno, no hay ningún debate más, se
nacionaliza”.
FENCOMIN a pesar de
ver frustrada la perspectiva histórica de acceder a la propiedad de yacimientos
de COMIBOL, participa en la comisión que elabora el decreto, porque el gobierno
aseguró que respetará el acuerdo que entrega a las cooperativas la veta Rosario
y porque la medida sólo afectará el contrato con Sinchi Wayra, y no así, el de
la cooperativa 26 de Febrero.
A pesar que FENCOMIN
aceptó el acuerdo, los trabajadores cooperativistas de Colquiri mantuvieron la
ocupación física de la mina hasta el día 14 de junio, cuando los trabajadores
asalariados recuperan por la fuerza el yacimiento. Mientras se espera el
decreto se mantiene la tensión entre asalariados y cooperativistas y las
operaciones en la mina están paralizadas.
Con la movilización,
la cooperativa 26 de Febrero ha logrado su objetivo, porque hay el compromiso
del gobierno de otorgarles nuevas áreas de trabajo, sin embargo, no es bajo la
forma que ellos hubieran querido, es decir, tener el control total del
yacimiento, ya que la nacionalización es bajo el control de COMIBOL.
Los ganadores
con el conflicto son los trabajadores asalariados, porque aprovecharon el
conflicto que armaron los cooperativistas para lograr una conquista
programática de la FSTMB. La empresa Sinchi Wayra deja de operar en uno de los
ricos yacimientos pertenecientes a COMIBOL. No hay que olvidar que gracias a
los yacimientos de Colquiri, Bolívar, Porco y Poopó, Sinchi Wayra es la segunda
empresa minera más importante del país.
Indefinición de la
política minera
El caso de la mina
Colquiri no es más que otro caso de un hecho que se ha venido generalizando en
la explotación minera durante los últimos años. Según un informe de la Cámara
Nacional de Minería, entre los años 2004 a 2010 al menos 201 concesiones
mineras chicas, medianas y cooperativas fueron avasallados por comunarios de La
Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Siendo muy pocos donde se ha llegado a un
entendimiento.
Se
identifican dos causas que explican la generalización de los avasallamientos.
El más difundido es el aumento internacional de precios de los minerales, que
despiertan el interés de los comunarios para obtener beneficios de la
explotación minera circundante. La otra causa es la falta de definición de la
política minera, fundamentalmente en el tema de la propiedad.
La
Constitución Política del Estado Plurinacional genera expectativas en las
comunidades y en los cooperativistas mineros. El artículo 30 señala el derecho
de los pueblos indígenas a la participación en los beneficios de la explotación
de los recursos naturales en sus territorios, y también, a la consulta
previa obligatoria para la explotación de los mismos. Asimismo, el artículo 370
señala que el Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que
contribuyan al desarrollo económico y social.
Sin
embargo, la Constitución respeta la propiedad privada y los derechos
adquiridos, siempre y cuando su uso cumpla una función económica y social y no
sea perjudicial para el interés colectivo (artículo 56). Por otra parte, el
artículo 370 establece la otorgación de contratos mineros a todos los sujetos
con derecho minero, es decir, que realicen actividades en la cadena productiva,
por lo que el nuevo Código de Minería debe definir las condiciones como las
empresas y cooperativas pasarán del sistema de concesiones al sistema de
contratos.
La
posición del gobierno frente a las tomas de comunarios y cooperativas, mientras
se mantiene en suspenso la larga espera del nuevo Código, señala que “con éstas
se convierten en empresas irregulares, que incurren en una serie de delitos:
atentan con la propiedad privada, violencia, robo de maquinaria y minerales,
funcionan al margen de la ley, contrabando de minerales, no pagan impuestos, no
cumplen con las obligaciones laborales. Por eso se actuó mediante el uso de la
fuerza” (Viceministro de Minería). El propio Presidente Evo Morales, reclamó la
comprensión de los comunarios para que se realice la explotación de los
recursos naturales, o en su caso “responsabilizarse por daños al Estado”.
Esta
falta de definición en la Política de Minería[1] no sólo responde a lo
complejo de los intereses económicos contrapuestos de la diversidad de actores
involucrados, responde también a la concepción de desarrollo que plantea el
Plan Nacional de Desarrollo PND (DS 29272). El PND se propone superar el patrón
primario exportador de la economía boliviana a partir de los excedentes de los
sectores estratégicos (hidrocarburos y minería). Estos excedentes se
canalizarán a los sectores generadores de empleo e ingresos, para contribuir a
diversificar la economía y el desarrollo social que llevé al Vivir Bien.
Según
el PND, este proceso se daría mediante la convivencia y complementariedad con
equidad de la Economía Estatal[2], la Economía Comunitaria
(organizaciones sociales, comunitarias, micro y pequeños empresarios,
artesanos, organizaciones económicas campesinas, comunidades y cooperativas),
Economía Mixta y la Economía Privada nacional y transnacional. Sin embargo,
cuando se respeta la propiedad privada capitalista, los intereses antagónicos
de las diferentes clases sociales siguen en pugna, tal como lo demuestra la
realidad de los avasallamientos en la minería. Por tanto, la política que
favorece a un sector, lo hace a costa de los intereses económicos de los demás.
Situación
de los subsectores mineros
En
el año 2011 la producción de minerales en Bolivia fue de 558.355 TMF por un
valor de $us 3.509 millones. Esta producción en 75% correspondió a la Minería
Mediana, el 24% a la Minería Chica y Cooperativa, y el 1% a COMIBOL. La Minería
Mediana está controlada por las empresas transnacionales Sumitomo en San Cristóbal
y Sinchi Wayra en Colquiri, Porco, Bolívar, Poopó controlan el 96% de la
producción del sector y el 72% de la producción nacional.
En
el caso de las 1.126 Cooperativas Mineras registradas en INALCO en 2010, son
las 89 que tienen concesiones en arriendo con COMIBOL, las que controlan la
producción. Por ejemplo en el año 2004 controlaron el 79% de la producción de
minerales de las cooperativas, siendo la Cooperativa 26 Febrero que se ubicó
entre las 20 primeras con una producción de estaño de 271 TMF.
La
importancia de COMIBOL que sólo controla la producción de Huanuni, radica en
que tiene los yacimientos que tiene las más importantes reservas, siendo “el
45% de los yacimientos en explotación de propiedad de COMIBOL” (Arce, 2007). En
la actualidad COMIBOL tiene 89 contratos de arriendo con cooperativas, y 30
contratos de arriendo y 8 de riesgo compartido con empresas.
A
manera de conclusiones
Entonces,
¿qué significado tiene apoyar con políticas exclusivas a cada uno de los
subsectores? El apoyo a la mal llamada Minería Mediana significa mantener la
estructura monopólica de dos empresas transnacionales, que subordinan al sector
estatal y cooperativo. Apoyar al sistema cooperativo sin tener una política
orientada a modernizar la producción parcelada que actualmente tiene, es
fomentar formas de producción atrasadas subordinadas al capital transnacional.
Apoyar la producción de COMIBOL, significa tomar el control del excedente que
se apropian las transnacionales y organizar el sistema de producción de las cooperativas.
En
la definición del conflicto en Colquiri, se mantiene la ambigüedad de una
política minera, pues a la par que se nacionaliza a la empresa Sinchi Wayra, se
mantiene el sistema cooperativo. Si la política se orientara a hacer de COMIBOL
una empresa que tenga el control de la producción minera en base a tecnología
moderna y garantizado el empleo de la fuerza de trabajo empleada en el sistema
cooperativo (como la reducción de la jornada laboral), se estaría apuntando a
construir los pilares de una Bolivia Digna y Productiva sin pobreza e
inequidad.
Fuentes de información
- Sergeotecmin.
2009. Estadísticas de concesiones mineras. La Paz, Bolivia.
- INE.
2011. Estadísticas de población. La Paz, Bolivia.
- Gaceta
Oficial. Leyes y Decretos Supremos. La Paz, Bolivia.
- Asociación
Nacional de Mineros Medianos. La Paz, Bolivia.
- Ministerio
de Minería y Metalurgía. Estadísticas del sector minero. La Paz, Bolivia.
- Arce,
Osvaldo. 2007. Guía de los yacimientos metalíferos de Bolivia. SPC Impresores.
La Paz, Bolivia.
- Poveda,
Pablo. 2012. Diagnóstico del Sector Minero 2000 – 2011. Fundación Jubileo. La
Paz, Bolivia.
[1] Al respecto, COMIBOL y Sinchi Wayra negociaron la migración a contratos
de asociación, que establecerá la reposición de reservas, la inversión de $us
100 millones en los primeros cinco años y el 55% de las utilidades.
[2] Álvaro García Linera afirmó, que “el Gobierno busca una solución
equilibrada al conflicto de la mina Colquiri” en consenso con el sector
cooperativista y los mineros asalariados.
“A diferencia de lo que pasaba en 2007, cuando la nacionalización hubiera sido
plena, completa, sin debate alguno. Hoy, con la nacionalización, tenemos que
equilibrar los derechos del sistema cooperativo, estamos trabajando en eso y
esperemos que, tanto el sistema cooperativo como la Federación de Mineros y la
COB nos ayuden a encontrar el justo equilibrio de ambos sujetos sociales.
