Un año de impunidad

Alex Contreras Baspinereiro

Rebelión

“¡Hijos de puta suban a los camiones!”…“¡Qué importa si son mujeres o wawas, estos indígenas son unos salvajes!”…”¡No tiene que escapar ninguno de estos perros!”…“¡Este es dirigente hay que matarlo!”, fueron algunas de las frases vociferadas por efectivos policiales cuando reprimían a mujeres, niños, ancianos y hombres de los pueblos indígenas del Oriente, Chaco y Amazonía de Bolivia que perduran en la historia del país.

Un 25 de septiembre de 2011, hace un año, efectivos policiales, agentes civiles y funcionarios de gobierno fueron protagonistas de una página negra en el denominado proceso de cambio porque con el objetivo de desarticular la Octava Marcha Indígena por la Defensa del TIPNIS, maniataron, amordazaron, golpearon y torturaron a varios representantes de los pueblos indígenas.

Aún quedan en el recuerdo las crueles imágenes difundidas por algunos medios de comunicación cuando algunas mujeres que trataban de escapar junto a sus wawas (bebés) eran sacadas desde el monte por efectivos policiales para ser arrastradas de los cabellos; otras fueron amarradas de las manos y amordazadas con cinta de embalaje para evitar que griten; los dirigentes detenidos fueron golpeados sin piedad y conducidos por la fuerza en vehículos contratados con antelación; los niños y ancianos fueron pisoteados cuando los uniformados gasificaban el campamento de los marchistas, otros se desmayaron, pero varios lograron huir para continuar su travesía.

Esos indígenas marchistas lo único que demandaban al gobierno era el ser consecuentes con la defensa de la madre tierra y evitar que se construya una carretera por el corazón o el núcleo del Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro Sécure (TIPNIS). En esa oportunidad se paralizó la construcción de la mega-obra con intereses brasileros, pero hoy se realiza una consulta posterior y cuestionada por varios actos fraudulentos que podrían llevar a una confrontación entre poblaciones indígenas.

En aquella oportunidad, Evo Morales Ayma, Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia aseguró que no hubo ninguna instrucción de parte del gobierno para intervenir violentamente la marcha indígena; Álvaro García Linera, su vicepresidente, señaló que el gobierno sabía quien dio la orden de la intervención.

“Nuevamente quiero decirles a las familias víctimas (de la represión) que nos disculpen, que me perdonen. Quiero que sepan: no ha habido ninguna instrucción ni jamás habíamos pensado que podría ocurrir de esa manera, duele bastante, como víctimas que hemos sido en muchas oportunidades de la represión por la fuerza pública”, expresó el Jefe de Estado.

“Nosotros ya sabemos lo que ha sucedido, pero el Presidente ha dicho que no vino de acá ni de allá, para que se esclarezcan las cosas que se arme una comisión de investigación para que no se hable justamente de que se está encubriendo”, comentó el Vicepresidente.

¿Encubrimiento?

A pesar que altos funcionarios de gobierno confiesan que saben quien dio la orden de la brutal represión policial contra los indígenas, se guarda hermético silencio.

Un proceso que es impulsado por la fiscalía se encuentra paralizado por la dependencia a los mandatos del ejecutivo y lo que ha llamado poderosamente la atención es que algunos funcionarios que fueron los responsables directos de la represión, hoy tienen nuevos cargos.

El ex ministro de gobierno, Sacha Llorenti, destituido pocos días después de la represión policial, fue designado como embajador de Bolivia en las Naciones Unidas (ONU) y el ex director nacional de inteligencia, coronel Víctor Maldonado, hoy es el comandante general de la Policía Nacional.

El Defensor del Pueblo, Rolando Villena, en su informe identifica a 18 personas - entre autoridades civiles, policiales y funcionarios del gobierno- como los responsables de esos hechos, excluyendo al Presidente Evo Morales.

El informe indica que en la acción policial no solo hubo una serie de tratos crueles, inhumanos y degradantes sino que los testimonios dan cuenta que además hubo actos de tortura.

"La Policía Boliviana procedió a realizar una represión violenta e indiscriminada, contra bebés, niñas, niños, familias, mujeres gestantes y madres, así como personas adultas. De esta manera hubo actos de coacción brutales contra seres humanos indefensos", se lee en partes salientes del informe de la Defensoría.

Según el documento, el entonces ministro de gobierno, Sacha Llorenti, decidió y planificó la intervención policial junto a sus colaboradores y a jefes policiales como Marcos Farfán, ex viceministro de gobierno; Boris Villegas, director de régimen interior; Ramiro Delgado, ex jefe de gabinete; Carolina Vertiz, Edwin Contreras, Diego Pérez, Jorge Arzabe, Adafalit Rivero y Ernesto Castro, funcionarios del Ministerio de Gobierno; los generales de la Policía Nacional, Jorge Santiesteban, Óscar Muñoz, Modesto Palacios, Edwin Foronda y los coroneles Óscar Chávez, Alberto Aracena y Henry Terrazas por haber planificado y ejecutado la violenta intervención; además del general de la Fuerza Aérea, Tito Gandarillas, por haber autorizado aviones y combustible para trasladar a los detenidos ilegales. También están mencionados el ex ministro de Obras Públicas, Wálter Delgadillo y el presidente de la Agencia Bolivia de Caminos (ABC), Luis Sánchez, por violación de los derechos de los pueblos indígenas al imponer el proyecto carretero.

Llorenti y Sánchez, ahora acusados por violar los derechos indígenas, otrora fueron miembros de la Asamblea de Derechos Humanos.

“A un año de la masacre de Chaparina, no podemos entender que nuestro gobierno siga encubriendo a los responsables materiales e intelectuales de esta cruel represión. Quienes hemos luchado, marchado y dado la vida por este proceso creemos que no debe existir impunidad, menos encubrimiento a los violadores de los derechos humanos”, cuestionó el presidente de la Confederación Indígena del Oriente Boliviano (CIDOB), Adolfo Chávez.

¿Cambio?

Diferentes sectores sociales del país –ubicado en el epicentro del continente latinoamericano- empiezan con más frecuencia a preguntarse si éste es el proceso de cambio por el cual se luchó durante años.

La consecuencia revolucionaria en la gestión de gobierno está en debate.

Sólo mencionaremos dos ejemplos actuales para darnos cuenta de lo que está ocurriendo en Bolivia:

Los pueblos indígenas demandan al gobierno que no se construya una carretera por el corazón de un parque nacional y que se busquen nuevas opciones para el camino, pero desde algunos sectores del ejecutivo se insiste en atravesar el área natural afectando a la madre tierra.

Uno de los pilares fundamentales del proceso de cambio es la defensa de la madre tierra, no los proyectos desarrollistas ni extractivistas.

Hace un par de días un trabajador minero (Héctor Choque Gutiérrez, 31 años) murió a consecuencia de que una dinamita fue lanzada a su cuerpo por cooperativistas mineros. La demanda de los asalariados es la recuperación de la mina Colquiri para el Estado, el gobierno prefiere hacer ejercicios electorales porque a diferencia de los 17 mil trabajadores asalariados, los cooperativistas son más de 120 mil.

Otro de los pilares fundamentales de esta gestión es la nacionalización de las empresas y la recuperación de los recursos naturales, no la defensa de la minería privada.

En ambos casos, existió una violación sistemática a los derechos humanos que el gobierno del cambio debería evitar o caso contrario coadyuvar para sancionar a los responsables; sin embargo, ocurre todo lo contrario.

“Lo que pasa es que en el país ya no existe un proceso de cambio, sino un retroceso del cambio. Yo me sentí orgulloso cuando vi que nueve o diez policías se acercaron a mí en Chaparina para golpearme, maniatarme y pisotearme. A este desgraciado hay que matarlo gritaban los policías cuando me patearon un montón y me subieron a un vehículo sin destino. Sin embargo debo decir que aunque recibí las mayores torturas y humillaciones de mi vida que no las sentí ni en gobiernos neoliberales ni militares, me siento orgulloso por defender a mi pueblo”, aseveró el presidente de la sub central TIPNIS, Fernando Vargas.

El coordinador de Fortalecimiento e Integración Política de los Pueblos de la CAOI, Rafael Quispe, dijo que el gobierno debe cumplir los mandatos consagrados en la Constitución Política del Estado, respetar las normas en vigencia con relación a los pueblos indígenas y la ley contra el racismo y toda forma de discriminación y sancionar a los responsables de la masacre de Chaparina; “caso contrario, significará que ha abandonado para siempre este proceso y está sumido en la impunidad”.

A un año de la represión en Chaparina, no se pueden borrar de la memoria de los bolivianos y bolivianas esas crueles imágenes de represión policial contra los indígenas marchistas.

Si el Jefe de Estado calificó a esas acciones como “imperdonables”, no se debería perdonar a los responsables intelectuales ni materiales y menos premiarlos; caso contrario, sólo se estará imitando uno de los estigmas de los anteriores gobiernos: la impunidad… 

Alex Contreras Baspineiro es Periodista y escritor boliviano.