Colquiri: alcances de la nacionalización

Dos causas explican el conflicto: El más difundido es el aumento internacional de precios de los minerales, que despiertan el interés para obtener beneficios de la explotación minera circundante. La otra causa es la falta de definición de la política minera, fundamentalmente en el tema de la propiedad, señala Pablo Poveda, experto en este tema, que nos da más elementos y antecedentes para comprender este caso.

Pablo Poveda

Características e importancia del yacimiento de Colquiri

El distrito minero de Colquiri se halla ubicado en la provincia Inquisivi del departamento de La Paz, en la cuarta sección municipal del mismo nombre, a 233 km al sudeste de la ciudad de La Paz. Colquiri en Aymara significa “plata dormida”, conociéndose el yacimiento desde la colonia por la explotación de este mineral. Este es un yacimiento polimetálico de estaño-zinc-plomo-plata.

Según proyecciones del censo de 2001, la población del municipio de Colquiri para 2011 es de 20.295 habitantes, estimándose entre 1.600 a 2.600 trabajadores mineros (400 en Sinchi Wayra, 1.200 de la cooperativa 26 de Febrero, y unos 1.000 en las cooperativas 21 de Diciembre, Collpacota y Socabón Inca; por otra parte, el 31 de agosto de 1985, Colquiri tenía 2.515 trabajadores).

En el distrito de Colquiri existen un total de 106 concesiones mineras, las que abarcan 6.380 hectáreas, de las cuales el 80% pertenecen a la empresa estatal COMIBOL (5.103 hectáreas). La Empresa Minera Colquiri de Sinchi Wayra y la cooperativa 26 de Febrero, han arrendado de la COMIBOL, cada una por su cuenta, una parte del yacimiento Colquiri.

Cuadro 1: Concesiones Mineras en Colquiri

Razón Social	Número	Porcentaje	Hectáreas	Porcentaje
Comibol	96	91%	5.103	80%
Empresa Tiwanacu	1	1%	250	4%
Unipersonal	9	8%	1.027	16%
Total	106	100%	6.380	100%

Fuente: Sergeotecmin 2008.

Producto del cierre de operaciones de COMIBOL desde 1987, mediante Decreto Supremo Restructuración de COMIBOL 21377, artículo 24, se ordena que los trabajadores despedidos del distrito minero de Colquiri formen cooperativas, para recibir en arriendo una parcela del yacimiento. En esas circunstancias, el 16 de septiembre de 1987, nace la cooperativa “26 de Febrero” con 320 socios fundadores.

En el año 1999 la empresa Comsur –del ex presidente Gonzalo Sánchez de Lozada, y la financiera del estado británico –la Commowealth Developmen Corporation, se adjudicaron bajo arriendo otra parte del yacimiento por un tiempo de 30 años, con el compromiso de inversión de $us 2 millones. Por otra parte, COMIBOL proporcionó soporte técnico para el desarrollo de reservas con una inversión de $us 10 millones. Posteriormente, en diciembre de 2004 la empresa suiza Glecore SA compra el 89% de la empresa COMSUR, estableciéndose la filial Sinchi Wayra.

Cuando la empresa Comsur empieza la producción en Colquiri el año 2002, se calculaban reservas de concentrados de estaño por 162.000 toneladas, y de 1.012.000 toneladas de zinc. De acuerdo a la cotización oficial de precios en la primera quincena de junio, $us 19.603 la tonelada para el estaño y $us 1.894 la tonelada para el zinc, el valor actual aproximado del yacimiento es de $us 5.092 millones. Comparativamente, las reservas de estaño representan el 17% de las reservas de Huanuni, y las reservas de zinc representan el 25% de las reservas de San Cristóbal, revelándose la importancia del yacimiento.

La producción de estaño en Colquiri es la más importante, aunque también produce zinc y plomo. En el año 2011, produjo 2.190 TMF de estaño con un valor aproximado de $us 55 millones, que representan el 10% de la producción nacional, el 23% de la producción de Huanuni, y el 92% de la Minería Mediana.

Cuadro 2: Producción de concentrados en Colquiri (Toneladas Métricas Finas)

Mineral	2002	2003	2004	2005	2011
Estaño	2.790	2.859	2.545	2.940	2.190
Zinc	13.787	15.766	12.034	13.116	s/d

Fuente: ANMM y Página Siete 5/6/12.

Antecedentes  para entender el conflicto

El pasado 30 de mayo, los cooperativistas toman el yacimiento, pero los trabajadores de la empresa Sinchi Wayra exigían al gobierno obligar el desalojo de los avasalladores. No aparecen públicamente los ejecutivos de la empresa, y aparentemente, la defensa de sus ganancias queda en manos de los trabajadores, que defienden sus fuentes de empleo.

El conflicto económico por la disputa de la explotación de un yacimiento de propiedad de COMIBOL entre Sinchi Wayra y la cooperativa 26 de Febrero, adquiere carácter político, cuando las federaciones nacionales de trabajadores asalariados y cooperativistas asumen reivindicaciones sectoriales.  

La Federación Sindical de Trabajadores Mineros de Bolivia FSTMB, firma un acta de entendimiento con el gobierno, que establecerá una estrategia común para evitar los avasallamientos. Por su parte, la Federación Nacional de Cooperativas Mineras FENCOMIN, respalda la toma y exige al Ejecutivo dé paso a las conclusiones de la Cumbre Social realizada en la ciudad de Cochabamba, donde se estableció, que el estado plurinacional debe otorgar más concesiones a los cooperativistas.

El 5 de junio, luego de una reunión entre la FSTMB (que cabe mencionar, no asistió a la Cumbre Social), el Ministerio de Minería y la COMIBOL, surge la propuesta de “nacionalizar el yacimiento”, es decir, la ruptura del contrato de arrendamiento del yacimiento por parte de COMIBOL con la empresa Sinchi Wayra. La FSTMB aceptó la propuesta gubernamental de nacionalizar la mina Colquiri para evitar el enfrentamiento entre asalariados y cooperativistas, señalando que la decisión de expropiar está en manos del Ejecutivo, que informó que estaba elaborando el decreto. No hay que olvidar que el XXXI Congreso Minero de la FSTMB de 2011, propone la nacionalización de las minas para beneficio del Estado y no de las transnacionales. 

Asimismo, el 6 junio se realiza un cabildo en el distrito minero de Colquiri, que determina solicitar al Gobierno que se rompa el contrato que firmó el Estado con la empresa Sinchi Wayra, para que la mina sea explotada por la COMIBOL.

Dos días más tarde, el 8 de junio, se suscribe un acuerdo entre la Minera Sinchi Wayra Colquiri, el Ministerio de Minería, representantes de las cooperativas 26 de Febrero, Collpacota y Socavón Inca, y FENCOMIN. El convenio indica que, con la aprobación de la COMIBOL, la empresa Colquiri, ha dispuesto ceder a dichas cooperativas la veta Rosario, en toda su profundidad, para que sean ellas los que lleven adelante la explotación. Con la condición de vender toda su producción del mineral bruto a la compañía. Esto somete el sistema de producción de las cooperativas a las expectativas de obtención de ganancias de la empresa.

Pese a la firma del acuerdo, la FSTMB y los trabajadores de Colquiri, que no forman parte del acuerdo, siguen presionando y negociando con el gobierno por la “nacionalización de Colquiri” en los días siguientes. El 11 de julio el Ministro de la Presidencia hizo oficial la noticia al señalar que “la recuperación de Colquiri es un hecho sin retorno, no hay ningún debate más, se nacionaliza”.

FENCOMIN a pesar de ver frustrada la perspectiva histórica de acceder a la propiedad de yacimientos de COMIBOL, participa en la comisión que elabora el decreto, porque el gobierno aseguró que respetará el acuerdo que entrega a las cooperativas la veta Rosario y porque la medida sólo afectará el contrato con Sinchi Wayra, y no así, el de la cooperativa 26 de Febrero.

A pesar que FENCOMIN aceptó el acuerdo, los trabajadores cooperativistas de Colquiri mantuvieron la ocupación física de la mina hasta el día 14 de junio, cuando los trabajadores asalariados recuperan por la fuerza el yacimiento. Mientras se espera el decreto se mantiene la tensión entre asalariados y cooperativistas y las operaciones en la mina están paralizadas.

Con la movilización, la cooperativa 26 de Febrero ha logrado su objetivo, porque hay el compromiso del gobierno de otorgarles nuevas áreas de trabajo, sin embargo, no es bajo la forma que ellos hubieran querido, es decir, tener el control total del yacimiento, ya que la nacionalización es bajo el control de COMIBOL.

 Los ganadores con el conflicto son los trabajadores asalariados, porque aprovecharon el conflicto que armaron los cooperativistas para lograr una conquista programática de la FSTMB. La empresa Sinchi Wayra deja de operar en uno de los ricos yacimientos pertenecientes a COMIBOL. No hay que olvidar que gracias a los yacimientos de Colquiri, Bolívar, Porco y Poopó, Sinchi Wayra es la segunda empresa minera más importante del país.

Indefinición de la política minera

El caso de la mina Colquiri no es más que otro caso de un hecho que se ha venido generalizando en la explotación minera durante los últimos años. Según un informe de la Cámara Nacional de Minería, entre los años 2004 a 2010 al menos 201 concesiones mineras chicas, medianas y cooperativas fueron avasallados por comunarios de La Paz, Oruro, Potosí y Cochabamba. Siendo muy pocos donde se ha llegado a un entendimiento.

Se identifican dos causas que explican la generalización de los avasallamientos. El más difundido es el aumento internacional de precios de los minerales, que despiertan el interés de los comunarios para obtener beneficios de la explotación minera circundante. La otra causa es la falta de definición de la política minera, fundamentalmente en el tema de la propiedad.

La Constitución Política del Estado Plurinacional genera expectativas en las comunidades y en los cooperativistas mineros. El artículo 30 señala el derecho de los pueblos indígenas a la participación en los beneficios de la explotación de los recursos naturales en sus territorios,  y también, a la consulta previa obligatoria para la explotación de los mismos. Asimismo, el artículo 370 señala que el Estado promoverá y fortalecerá las cooperativas mineras para que contribuyan al desarrollo económico y social.

Sin embargo, la Constitución respeta la propiedad privada y los derechos adquiridos, siempre y cuando su uso cumpla una función económica y social y no sea perjudicial para el interés colectivo (artículo 56). Por otra parte, el artículo 370 establece la otorgación de contratos mineros a todos los sujetos con derecho minero, es decir, que realicen actividades en la cadena productiva, por lo que el nuevo Código de Minería debe definir las condiciones como las empresas y cooperativas pasarán del sistema de concesiones al sistema de contratos.

 La posición del gobierno frente a las tomas de comunarios y cooperativas, mientras se mantiene en suspenso la larga espera del nuevo Código, señala que “con éstas se convierten en empresas irregulares, que incurren en una serie de delitos: atentan con la propiedad privada, violencia, robo de maquinaria y minerales, funcionan al margen de la ley, contrabando de minerales, no pagan impuestos, no cumplen con las obligaciones laborales. Por eso se actuó mediante el uso de la fuerza” (Viceministro de Minería). El propio Presidente Evo Morales, reclamó la comprensión de los comunarios para que se realice la explotación de los recursos naturales, o en su caso “responsabilizarse por daños al Estado”.

Esta falta de definición en la Política de Minería[1] no sólo responde a lo complejo de los intereses económicos contrapuestos de la diversidad de actores involucrados, responde también a la concepción de desarrollo que plantea el Plan Nacional de Desarrollo PND (DS 29272). El PND se propone superar el patrón primario exportador de la economía boliviana a partir de los excedentes de los sectores estratégicos (hidrocarburos y minería). Estos excedentes se canalizarán a los sectores generadores de empleo e ingresos, para contribuir a diversificar la economía y el desarrollo social que llevé al Vivir Bien.

Según el PND, este proceso se daría mediante la convivencia y complementariedad con equidad de la Economía Estatal[2], la Economía Comunitaria (organizaciones sociales, comunitarias, micro y pequeños empresarios, artesanos, organizaciones económicas campesinas, comunidades y cooperativas), Economía Mixta y la Economía Privada nacional y transnacional. Sin embargo, cuando se respeta la propiedad privada capitalista, los intereses antagónicos de las diferentes clases sociales siguen en pugna, tal como lo demuestra la realidad de los avasallamientos en la minería. Por tanto, la política que favorece a un sector, lo hace a costa de los intereses económicos de los demás.

Situación de los subsectores mineros

En el año 2011 la producción de minerales en Bolivia fue de 558.355 TMF por un valor de $us 3.509 millones. Esta producción en 75% correspondió a la Minería Mediana, el 24% a la Minería Chica y Cooperativa, y el 1% a COMIBOL. La Minería Mediana está controlada por las empresas transnacionales Sumitomo en San Cristóbal y Sinchi Wayra en Colquiri, Porco, Bolívar, Poopó controlan el 96% de la producción del sector y el 72% de la producción nacional.

En el caso de las 1.126 Cooperativas Mineras registradas en INALCO en 2010, son las 89 que tienen concesiones en arriendo con COMIBOL, las que controlan la producción. Por ejemplo en el año 2004 controlaron el 79% de la producción de minerales de las cooperativas, siendo la Cooperativa 26 Febrero que se ubicó entre las 20 primeras con una producción de estaño de 271 TMF.

La importancia de COMIBOL que sólo controla la producción de Huanuni, radica en que tiene los yacimientos que tiene las más importantes reservas, siendo “el 45% de los yacimientos en explotación de propiedad de COMIBOL” (Arce, 2007). En la actualidad COMIBOL tiene 89 contratos de arriendo con cooperativas, y 30 contratos de arriendo y 8 de riesgo compartido con empresas.

A manera de conclusiones

Entonces, ¿qué significado tiene apoyar con políticas exclusivas a cada uno de los subsectores? El apoyo a la mal llamada Minería Mediana significa mantener la estructura monopólica de dos empresas transnacionales, que subordinan al sector estatal y cooperativo. Apoyar al sistema cooperativo sin tener una política orientada a modernizar la producción parcelada que actualmente tiene, es fomentar formas de producción atrasadas subordinadas al capital transnacional. Apoyar la producción de COMIBOL, significa tomar el control del excedente que se apropian las transnacionales y organizar el sistema de producción de las cooperativas.

En la definición del conflicto en Colquiri, se mantiene la ambigüedad de una política minera, pues a la par que se nacionaliza a la empresa Sinchi Wayra, se mantiene el sistema cooperativo. Si la política se orientara a hacer de COMIBOL una empresa que tenga el control de la producción minera en base a tecnología moderna y garantizado el empleo de la fuerza de trabajo empleada en el sistema cooperativo (como la reducción de la jornada laboral), se estaría apuntando a construir los pilares de una Bolivia Digna y Productiva sin pobreza e inequidad.

Fuentes de información

-          Instituto Prisma. Noticias de minería. www.institutoprisma.org

-          Portal Minero. Noticas de minería de Bolivia. www.portalminero.com

-          Bussiness News America´s. Noticias de minería de Bolivia. www.bnamericas.com

-          Sergeotecmin. 2009. Estadísticas de concesiones mineras. La Paz, Bolivia.

-          INE. 2011. Estadísticas de población. La Paz, Bolivia.

-          Gaceta Oficial. Leyes y Decretos Supremos. La Paz, Bolivia.

-          Asociación Nacional de Mineros Medianos. La Paz, Bolivia.

-          Ministerio de Minería y Metalurgía. Estadísticas del sector minero. La Paz, Bolivia.

-          Arce, Osvaldo. 2007. Guía de los yacimientos metalíferos de Bolivia. SPC Impresores. La Paz, Bolivia.

-          Poveda, Pablo. 2012. Diagnóstico del Sector Minero 2000 – 2011. Fundación Jubileo. La Paz, Bolivia.

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[1] Al respecto, COMIBOL y Sinchi Wayra negociaron la migración a contratos de asociación, que establecerá la reposición de reservas, la inversión de $us 100 millones en los primeros cinco años y el 55% de las utilidades.

[2] Álvaro García Linera afirmó, que “el Gobierno busca una solución equilibrada al conflicto de la mina Colquiri” en consenso con el sector cooperativista y los mineros asalariados.
“A diferencia de lo que pasaba en 2007, cuando la nacionalización hubiera sido plena, completa, sin debate alguno. Hoy, con la nacionalización, tenemos que equilibrar los derechos del sistema cooperativo, estamos trabajando en eso y esperemos que, tanto el sistema cooperativo como la Federación de Mineros y la COB nos ayuden a encontrar el justo equilibrio de ambos sujetos sociales.