AMNISTÍA INTERNACIONAL

COMUNICADO DE PRENSA

21 agosto de 2012

Bolivia: Autoridades deben otorgar reparaciones integrales a víctimas de violaciones de

derechos humanos durante regímenes militares y autoritarios

Las autoridades de Bolivia deben otorgar reparaciones integrales a las víctimas de violaciones de

derechos humanos cometidas durante los regímenes militares y autoritarios en el país, en línea

con los principios internacionales, dijo hoy Amnistía Internacional.

El llamado tuvo lugar en el 41 aniversario del golpe de Estado del general Hugo Bánzer Suárez.

Durante los siete años del régimen de Bánzer y otros gobiernos militares o autoritarios entre 1964

y 1982 se cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y

desapariciones forzadas.

“A pesar de algunos pasos positivos que se han tomado, incluyendo la exhumación de restos de

desaparecidos, no se han logrado avances en la identificación y enjuiciamiento de los

responsables. Los archivos militares no se han desclasificado y miles de víctimas y familiares

esperan sus reparaciones,” dijo María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de Amnistía

Internacional.

Desde la promulgación de una ley sobre resarcimiento a víctimas de violencia política, en marzo

de 2004, el Ministerio de Justicia de Bolivia recibió alrededor de 6.200 solicitudes.

Sin embargo, según datos oficiales, sólo 1,714 personas han sido calificadas como beneficiarias.

De estas, hasta la fecha, alrededor de 800 personas habrían recibido alguna compensación

económica. El resto de las peticiones han sido desestimadas.

Varias de las personas afectadas se encuentran manifestándose frente al Ministerio de Justicia

desde hace aproximadamente seis meses.

Para poder acceder a las medidas de resarcimiento, el Ministerio de Justicia solicitó a las víctimas

certificados médicos forenses sobre las torturas sufridas, certificados de defunción de personas y

otros documentos de la época que resultaban difíciles o incluso imposibles de obtener.

“Los requisitos impuestos por las autoridades para obtener las reparaciones establecidas por ley

han sido sumamente restrictivos y han imposibilitado a muchas víctimas acceder a cualquier

medida de reparación, además de promover la re victimización de muchas de ellas,” dijo María

José Eva Parada.

“Es imprescindible que el Gobierno instaure un mecanismo de apelación y revisión de las

solicitudes que garantice a los sobrevivientes y los familiares de víctimas su legítimo derecho a

obtener reparaciones por las violaciones sufridas.”

En abril y mayo de este año fueron aprobados una ley y un decreto por el cual se disminuyeron las

cantidades económicas para resarcimiento previstas en la ley de 2004 y se hizo pública la lista de

beneficiarios; pero sin indicar el monto que recibirían. Según información obtenida por Amnistía

Internacional, las personas beneficiadas desconocen el alcance de la indemnización hasta el

momento de recibirla.

“Por un lado, muchas víctimas enfrentan dificultades para acceder a las medidas de

resarcimiento; y por el otro, cuando pueden acceder a estas medidas, se les niegan las cantidades

económicas previstas por la ley de 2004 y además hay falta de transparencia en cómo se

determinaron los montos y cuáles son,”dijo María José Eva Parada.

Información complementaria

El 11 de marzo de 2004 se dictó la Ley 2640 de “Resarcimiento excepcional a víctimas de la

violencia política en periodos de gobiernos inconstitucionales”.

La normativa establece una serie de medidas compensatorias tales como asistencia médica

gratuita, rehabilitación psicológica y beneficios económicos para víctimas y familiares de personas

que hubieran sufrido tortura y desapariciones forzadas, entre otras violaciones de derechos

humanos.

Según esta ley, el Estado se comprometía a pagar el 20 por ciento del resarcimiento total mientras

que buscaría fondos externos para pagar el 80 por ciento restante. El 30 de abril de 2012 la

Asamblea Legislativa Plurinacional aprobó la Ley 238 que modifica dos artículos de la Ley 2640

relacionados con el pago económico a las víctimas. Un día después fue aprobado el Decreto

Supremo 1211 para reglamentar el pago individual y aprobar la lista oficial de personas

beneficiarias. Las víctimas y familiares aseguran que las autoridades solamente están pagando

hasta el 20 por ciento de lo que les correspondería según la ley aprobada en el 2004.

En junio de 2012 Amnistía Internacional escribió a la Ministra de Justicia de Bolivia para solicitar

información sobre el cumplimiento de la Ley 2640 y las medidas adoptadas para garantizar el

derecho de las víctimas a una reparación justa. Hasta la fecha, la organización no ha recibido

respuesta de las autoridades.

Conforme al derecho internacional el Estado tiene la obligación de otorgar una reparación integral

a las victimas de violaciones de derechos humanos incluyendo medidas para la restitución, la

indemnización, rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.

Según los informes de las organizaciones de víctimas durante los regímenes autoritarios o militares

(1964-82) hubo más de 100 desapariciones forzadas. Se calcula que durante los siete años del

régimen de Bánzer (1971- 1978) centenares de personas fueron víctimas de torturas y más de 70

fueron desaparecidas.

Para más información o para solicitar una entrevista, favor de contactar a: Josefina Salomón, +44

7778 472 116, jsalomon@amnesty.org