VICTIMAS DE LAS DICTADURAS BLOQUEARON CENTRO DE LA PAZ

VICTIMAS DE LAS DICTADURAS

BLOQUEARON CENTRO DE LA PAZ

Las víctimas de la violencia política durante las dictaduras militares bloquearon nuevamente la céntrica Avenida 16 de Julio de la ciudad de La Paz,  el martes 30, miércoles 31, jueves de julio, 1 de agosto y viernes 2 del 2013, frente al edificio del Ministerio de Justicia, reclamando el resarcimiento económico dispuesto por la Ley 2640 promulgada en marzo de 2004,  durante el gobierno de Carlos Mesa.

Las víctimas de la violencia política mantienen desde hace más de un año una vigilia permanente en carpas instaladas en El Prado, frente al Ministerio de Justicia, y cada cierto tiempo llevan a cabo acciones de calle, como bloqueos y marchas, en busca de solidaridad de la ciudadanía con lo que califican “un justo reclamo y derecho”, que es un resarcimiento moral y económico por su lucha contra las dictaduras militares.

En estas oportunidades, representantes de las víctimas de la violencia política se crucificaron en árboles y postes, mientras que otros se recostaron en el suelo para bloquear el tránsito de vehículos por la Avenida 16 de Julio de La Paz para protestar contra el Gobierno del Presidente Evo Morales que, a través del Ministerio de Justicia, se ha negado a dar cumplimiento a la Ley 2640 con una serie de pretextos.

El argumento principal es que, según la Comisión Técnica de Calificación del Ministerio de Justicia, la gran mayoría de las víctimas de la violencia política durante las dictaduras militares no cumplen con los requisitos exigidos documentalmente para ser beneficiarios de lo que dispone la Ley 2640.

El presidente de la organización que agrupa a la víctimas de la violencia política, Julio Llanos, explicó más de siete mil ciudadanos, entre hombres y mujeres, presentaron la documentación exigida para demostrar que fueron perseguidos, encarcelados, torturados, residenciados y exiliados durante las dictaduras militares, especialmente de  Hugo Banzer Suárez y Luis García Meza.

Agregó que la Comisión Técnica del Ministerio de Justicia calificó como beneficiarios sólo a unos 1.200 ciudadanos, la casi totalidad de ellos partidarios del gobierno actual, pero que “la mayor parte de las víctimas de las dictaduras militares fueron marginados del resarcimiento económico dispuesto por la Ley 2640.

Llanos recordó que la Organización de las Naciones Unidas (ONU) recomendó a los gobiernos de los países en los que en la década de los años 70 y 80 fue ejecutado el denominado “Plan Cóndor” que consistió en el encarcelamiento, tortura, exilio y desaparición física de partidarios de la democracia y militantes de izquierda, entre ellos estudiantes, catedráticos, periodistas, sindicalistas y dirigentes políticos.

Subrayó que en cumplimiento de esa y otras recomendaciones y decisiones de  organismos internacionales de defensa de los derechos humanos, países como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay y Brasil aprobaron y ejecutaron leyes de resarcimiento económico a las víctimas de la violencia política en dictaduras, pero que en Bolivia el actual gobierno se niega a reconocer el sacrificio de los ciudadanos que lucharon por la restitución de la democracia.

Llanos informó que las víctimas de la violencia política realizan una vigilia permanente, día y noche, por turnos y en carpas, en la Avenida 16 de Julio, frente al Ministerio de Justicia, desde el 13 de marzo de 2012; es decir, más de un año y cuatro meses, pero que no han logrado hasta ahora conmover la conciencia del Presidente evo Morales y sus principales colaboradores.

Puntualizó asimismo que la vigilia permanente de las víctimas de la violencia política recibe cada vez un mayor apoyo de la ciudadanía y una serie de instituciones defensoras de los derechos humanos como el Defensor del Pueblo.

DEFENSOR DEL PUEBLO PIDE AUDITORIA TECNICA

La Defensoría del Pueblo se ha solidarizado plenamente con las víctimas de la violencia política en sus exigencias. Emitió un informe al respecto y ha recomendado que el Ministerio de Justicia disponga la realización de una “auditoría técnica jurídica” al proceso de calificación de los expedientes de los ciudadanos que reclaman el resarcimiento económico.

Asimismo, la defensoría del Pueblo ha recomendado a la Asamblea Legislativa Plurinacional “la elaboración de una propuesta normativa que viabilice la apertura de un proceso de calificación o de alguna medida de revisión de los expedientes, a la que puedan acudir los descalificados, con el propósito de que se revalúen sus casos”.

La defensoría del Pueblo justifica sus recomendaciones con un informe sobre el “estado de situación” del proceso de calificación de los expedientes de las víctimas de la violencia política en el que afirma que en dicho proceso se han cometido “una serie de irregularidades”.

1.- El Estado no ha asumido los costos del proceso de reparación de daños.

2.- Las normas se fueron endureciendo hasta exigir que las víctimas acrediten de forma legal la existencia de hechos, circunstancias y tiempos, lo que significa que la carga de la prueba corresponde a la víctima, cuando la violación de los derechos humanos es responsabilidad del Estado y dicha carga debe ser compartida.

3.- El proceso de calificación de los expedientes de las víctimas soportó una serie de demoras originadas en la falta de disponibilidad de tiempo y de recursos económicos para la contratación de personal especializado y técnico.

4.- Al ser La Paz el centro de presentación de los expedientes, imposibilitó la consideración de aquellas personas que viven en el interior y en el área rural.