Waldo Albarracín Sánchez
Transcurrieron más
de tres décadas desde aquel fatídico medio día del 17 de julio de 1980, en que
las ambulancias llegaron a la sede de la Central Obrera Boliviana y, cuando los transeúntes esperaban que salgan de
su interior personas de mandil blanco para cumplir alguna labor humanitaria,
emergieron muchos sicarios armados de
metralletas, éstos tenían una misión específica, allanar la referida sede
sindical, ya sabían que en su interior estaban reunidos representantes de las
principales organizaciones populares y políticas, quienes habían caído en la
trampa de los militares, éstos planificaron inteligentemente el operativo.
Primero protagonizar un levantamiento militar en Trinidad por la mañana
precisamente para provocar la reunión del entonces Comité Nacional de Defensa de la Democracia
(CONADE) en La Paz y atrapar a todos los asistentes a dicha reunión para
llevárselos presos a las caballerizas del Estado Mayor. Es más, los sicarios
tenían otra misión específica, asesinar
a uno de los líderes más lúcidos de la izquierda boliviana, Marcelo Quiroga
Santa Cruz, quien fue reconocido por los paramilitares, recibiendo una ráfaga
que lo dejó mortalmente herido, siendo llevado junto a los demás en esas
condiciones, desde esa fecha nunca más supimos de él ni de otros dos que
corrieron similar suerte Carlos Flores y Gualberto Vega.
Mientras esto
acontecía, los autores intelectuales de este crimen de lesa humanidad,
obligaban en el Palacio de Gobierno a la
única Presidenta Mujer que tuvo el país Lidia Gueiler a renunciar al cargo,
consolidando así un cruento golpe de Estado, frustrando una vez más las
legítimas aspiraciones del pueblo boliviano de construir su sistema
democrático.
Pero el propósito de nuestra gente de vivir bajo
un Estado de Derecho, sus ansias de libertad, resultaron ser más fuertes que la
miseria humana y la iniquidad uniformada, ambiciosa de poder. La lucha de
nuestro pueblo logró derrotar a los dictadores para reconquistar una democracia
que desde el 10 de octubre de 1982 permite la vigencia de consecutivos
regímenes constitucionales. Sin embargo no obstante haber experimentado
importantes avances en estas tres décadas, no es menos cierto que aún persisten
peligrosos mecanismos fácticos de violación a los derechos humanos. Pese a que
el Estado boliviano suscribió y ratificó una gran cantidad de convenios internacionales
sobre derechos humanos, no obstante contar con una de las constituciones
políticas más progresistas del continente, advertimos que en la vida cotidiana
aún sobreviven conductas autoritarias,
intolerantes y discriminatorias como legado de los dictadores. García
Meza y Arce Gómez están en la cárcel y su padrino Banzer muerto, pero los actos
de éstos genocidas se reciclan a diario en la soberbia de las actuales
“estrellas democráticas” que desde las esferas del poder local o nacional
distorsionan el Estado de derecho y conculcan libertades. Es paradójico pero
real, en dictaduras los jueces y
fiscales estaban subordinados a los gobernantes, generando una absoluta
indefensión ciudadana e inseguridad jurídica, ese fenómeno pernicioso hoy no
cambió para nada, un dictador de antes nos conminaba a caminar con el
testamento bajo el brazo, hoy las autoridades amenazan con elaborar listas
negras de personas que ejerciten su libertad de expresión criticando al
Gobierno. La impunidad de los crímenes de lesa de humanidad y
atropello a los derechos humanos es una
asignatura pendiente en esta democracia
y característica similar del pasado.
Pese a la normativa
vigente, los bolsones de discriminación, racismo, machismo, violencia
doméstica, acoso sexual, tráfico de personas, en especial de niños y mujeres,
siguen siendo problemas irresueltos. La
retardación de justicia nos carcome y sectores vulnerables como los Pueblos
Indígenas siguen siendo vistos como ciudadanos de segunda, con la agravante de
ser perseguidos y reprimidos por el
actual régimen a causa de exigir sus derechos.
Será que los
conductores del Estado se encuentran tan envilecidos con la miel del poder, que
no sopesan en la necesidad imperante de democratizar la democracia?. García
Meza y Arce Gómez, los represores del pasado no necesitan salir de la cárcel
para cometer sus fechorías, tienen
dignos representantes en la sociedad política boliviana, en las cúpulas militar
y policial. Por algo no se permite desclasificar los archivos de la represión.
En este 17 de julio, fecha fatídica para el
pueblo boliviano vale la pena reflexionar
sobre el destino de nuestra democracia como instrumento para la
construcción de una sociedad de iguales y no como escenario de privilegios para
los poderosos.
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