LA TORTURA CONTINUA

REVICTIMIZACIÓN | ANTE LA INDIFERENCIA DEL GOBIERNO, LAS VÍCTIMAS DE LAS DICTADURAS LLEVAN MÁS DE SEIS MESES EN LA CALLE. 

La tortura continúa
Por Mónica Oblitas Zamora - Los Tiempos - 2/09/2012
 REVISTA HO - PERDIODICO LOS TIEMPOS

Olor a gas. El olor penetrante de una garrafa abierta es lo primero que se siente cuando se ingresa a la carpa principal que las víctimas de las dictaduras han armado al frente del Ministerio de Justicia, en el Prado paceño. Impresiona cómo es que, durante los casi seis meses que están apostadas en la calle, las alrededor de 60 personas que se turnan para hacer vigilia han logrado hacer un campamento en el medio de la ciudad. 

Cocinan, comen, duermen, se reúnen en las carpas y hacen uso de un par de baños públicos que están a unas cuadras del lugar. Duchas no hay, pero se dan modos de mantenerse lo más aseados que pueden; son hombres y mujeres que están acostumbrados a vivir en difícil, no en vano han sido torturados y perseguidos en las distintas épocas de las dictaduras militares que ha vivido el país. 

Hoy, con muchos años encima, sus cuerpos se resienten y les cuesta más aguantar el frío, el hambre, pero sobre todo la indiferencia. La indiferencia es para ellos otra forma de tortura, pero en democracia.

Desde el 13 de marzo de 2012, miembros de la Plataforma de Luchadores Sociales contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, montan guardia frente al Ministerio de Justicia en espera que las autoridades puedan responder a sus requerimientos. Lo hicieron al principio con marchas y bloqueos, lo que llevó a la Policía a reprimirlos y a la ciudadanía a darse cuenta de su existencia, pero hoy no perjudican a nadie y parecen ser un grupo de ancianos a la espera de que alguien los atienda.

Sin embargo las apariencias engañan y ellas y ellos aseguran que si pudieron sobrevivir a las dictaduras y luchar para recuperar la democracia de la que hoy goza Bolivia, también pueden pelear lo que es para muchos la última batalla. Por ello rechazan terminantemente las imágenes difundidas en un spot del Gobierno en las que uno de sus compañeros llora al recibir una cantidad que ellos no consideran justa y que no cumple, de acuerdo a sus denuncias, con lo establecido por la Ley 2640, promulgada durante el gobierno de Carlos Mesa Gisbert en 2004.

UN FUERTE

 Dentro de la carpa principal hay una mesa con seis sillas, donde están los dirigentes organizando su próxima estrategia. Hay colchones en el piso, una tele vetusta, una repisa con tazas de plástico y una vieja cocina, que sirve para preparar la olla común que se hace gracias a los donativos de la gente. La carpa es un remiendo de otras carpas y una de ellas perteneció al Ministerio de Salud, “nos la llevamos cuando nos negaron atención médica durante la huelga de los médicos acá en La Paz, y eso que la Ley 2640 establece que debemos tener atención médica gratuita”, cuenta Julio Llanos, presidente de la Plataforma.

Hay una conexión eléctrica bastante osada que sirve para encender una luz mortecina que ilumina un poco el ambiente y para que funcione la televisión donde todas las noches se reúnen a ver los noticieros. También hay una silla de ruedas que pertenece a Constantino Lima (79 años) quien la usa para  movilizarse porque está convaleciente. 

La semana pasada Constantino, fundador del Movimiento Indio Tupac Katari y precursor del pensamiento indigenista, casi pasa a ser la segunda baja en la vigilia dado su precario estado de salud. Las torturas que sufrió cuando era joven le están pasando una cara factura. “El Presidente es indio igual que yo, ¿por qué no nos escucha? ¿Por qué nos ha olvidado?”, reclama. 

Felipe Mita Ticona (fugado del campo de concentración de Madidi durante la dictadura de Hugo Banzer) fue la primera víctima. Mita falleció el pasado 5 de agosto debido a un cáncer que no pudo tratar por no tener los recursos. Sus compañeros responsabilizan a la Ministra de Justicia, Cecilia Ayllón, por su muerte. “La señora Ministra es incapaz de resolver este conflicto”, dicen.

Es común que los ojos de estos hombres y mujeres se llenen de lágrimas que ninguno deja salir.  La mezcla de impotencia, rabia y pena se nota en su mirada, pero también la determinación de hacer que se cumplan todos los artículos de la Ley 2640 y que se deje sin efecto los requerimientos que se han implementando durante la gestión de Evo Morales, como los certificados forenses que demuestren las torturas y vejámenes. “¿Se imagina? Después de haber sido torturados, ¿dónde íbamos a conseguir un certificado forense? ¿Qué iba a decir el certificado? ‘Atestiguo como médico del gobierno que fulano ha sido violado, quemado y torturado por mengano y zutano’? No tiene ningún sentido”, dice Llanos.

De acuerdo al dirigente, quienes han calificado a los que recibirán el resarcimiento y a los que no han sido en su mayoría estudiantes de derecho. “No conocen lo que fue la dictadura, no saben ni del Plan Cóndor. Nos hemos convencido de que son pocos los que conocen la historia, pero ahora tenemos la visita de muchos estudiantes que nos invitan a dar testimonios, además el pueblo paceño es solidario con nosotros. Estamos recobrando nuestra historia para que nunca más se repita una dictadura”, afirma Llanos.

¿Qué es lo que piden?, le pregunto, “Nosotros no pedimos nada, nosotros hemos adquirido un derecho en base a convenios internacionales de derechos humanos que reconocen a los luchadores por la democracia y se los resarza. Queremos que se cumpla nuestro derecho.”

¿SE BORRA LA HISTORIA? 

“Para nosotros el punto importante no es necesariamente que se esté violando la Ley 2640 ni los convenios internacionales, sino que se está borrando la historia y se está encubriendo a los dictadores y a los torturadores. Y que no se reconoce la lucha de 18 años de quienes hemos recuperado la democracia”, explica Llanos. El hombre tiene la vista débil. Su cabello blanco está oculto debajo de una gorra, tiene mutilado el dedo anular de la mano derecha (un recuerdo de la tortura dice), y le faltan algunos dientes. Es difícil percibir en él al líder de este movimiento y al joven que, hace muchos años, fue torturado y encarcelado y que perdió a su padre y a un hijo en manos de la dictadura. Pero sus gestos son fuertes y determinados, y en ellos se nota su capacidad de mando y sus antecedentes de lucha.

“La Iglesia católica es nula. No ha habido ningún informe por parte de ella”, denuncia. Dentro de la Comisión Nacional de Resarcimiento a las Víctimas de la Violencia Política de Gobiernos Inconstitucionales (CONREVIP) debía estar un miembro de la Comisión Episcopal, de Derechos Humanos y de la Central Obrera. Esa comisión ha sido reemplazada por la Comisión Técnica de Calificación (COMTECA), ahora enteramente a cargo del Ministerio de Justicia.

Victoria López, secretaria de la Plataforma, explica que dentro del movimiento han existido bastantes contradicciones y que hay miembros que han decidido claudicar. “Pero nosotros seguimos en la lucha.” 

López es una mujer de un poco más de 60 años que aún en medio de esta situación conserva la feminidad que ni violaciones o torturas lograron arrebatarle. De sus orejas cuelgan coquetos pendientes y sus gestos y su voz son suaves, aunque su historia no. Dirigente universitaria y sindical, fue detenida en tres ocasiones, dos en el gobierno de Banzer y la otra cuando ya era dirigente sindical durante el régimen de García Meza.  Por órdenes del capitán Orellana, alias el “Lince”, fue torturada y violada estando embarazada, perdió a su bebé y las posibilidades de volver a ser madre. 

Pero Victoria está desclasificada de acuerdo a las normas de COMTECA porque no tiene un certificado forense que demuestre su historia. “No he probado fehacientemente lo que digo, no puedo presentar un certificado de tortura pero nunca más pude ser madre. Eso se lo debo a la dictadura”, dice la mujer que no permite que nadie la vea llorar. “No tenemos resentimiento, tenemos sed de justicia, por eso gritamos en las calles ‘Ni olvido ni perdón, justicia’, queremos que se investiguen los hechos, que se encuentren a los compañeros que están desaparecidos como Marcelo (Quiroga Santa Cruz) y Carlos (Flores). Queremos que se instaure una Comisión de la Verdad en nuestro país. Lamentablemente con este Gobierno no podemos hacer nada. El (Evo Morales) pudo haber hecho mucho por nosotros, pero no tiene la voluntad política, no quiere tocar a las Fuerzas Armadas,  al Ejército ni a la Policía.”

Los hechos que se clasifican en la Ley 2640 son: Detención y prisión arbitraria, tortura, exilio o destierro, lesiones e incapacidad calificada, muerte en el país o en el exterior por razones de violencia política, desaparición forzada, perseguido por razones político sindicales conforme a Reglamento.

LOS “INTOCABLES”

Los miembros de la Plataforma denuncian que hasta la fecha, 783 víctimas de la violencia política recibieron algún resarcimiento económico, pero no de acuerdo a lo estipulado por la Ley 2640 que dictamina en su artículo 16 que el Tesoro General de la Nación (TGN) se hará cargo de un 20% del monto con el que se tiene que compensar a las víctimas (alrededor de 3,6 millones de dólares) y que es obligación del Poder Ejecutivo conseguir, ya sea mediante donaciones del sector privado o extranjero o de organismos internacionales, el restante 80%. No se tiene claro hasta ahora cuántas personas son merecedoras de este resarcimiento. 

El artículo 7 de la Ley 2640 dictamina: “En consideración al grado de violencia política sufrida, la víctima, previa calificación técnica y legal, tendrá derecho al resarcimiento excepcional y definitivo máximo de 300 salarios mínimos nacionales computables de la siguiente forma: De 1 día a 1 año, con un máximo de 60 salarios mínimos. De 1 año a 2 años, con un máximo de 120 salarios mínimos. Más de 2 años en adelante, con un máximo de 300 salarios mínimos. Los hechos resarcibles correspondientes a torturas, lesiones e incapacidades calificadas, constituirán factores agravantes dentro de cada una de las categorías de computo antes señaladas conforme a Reglamento.”  La Plataforma calcula que son alrededor de 8.000 las personas que han presentando solicitudes para ser incluidas en el resarcimiento, pero sólo se ha calificado a 1.714.

El 1 de mayo de 2012 el Gobierno promulgó la Ley 238 que dictamina que sólo se pagará un 20%  de lo establecido en la Ley 2640 como único y definitivo pago. De esta cantidad se ha descontado el 20%. Esta nueva Ley establece un pago mínimo de Bs. 27.60.- por día de detención y tortura. Casi lo que cuesta una entrada al cine.  

  

EL ARTÍCULO 2

De acuerdo a lo dispuesto por el Artículo 7 de la Ley Nº 2640, modificada por la Ley Nº 238, el monto de resarcimiento excepcional único y definitivo se determina de la siguiente manera:

- Se aplica la fórmula: 60 salarios mínimos = Bs. 48.924,00/365 días = Bs. 134,04 por día = Monto máximo por día.

- El monto mínimo de resarcimiento es de Bs.804,23 para todos los hechos resarcibles, equivalente al 20% del total del resarcimiento excepcional.

- El monto máximo es de Bs.48.924,00 para todos los hechos resarcibles, equivalente al 20% del total del resarcimiento excepcional.

Estas son algunas de las preguntas que quedaron en el tintero luego de que el responsable de comunicación del Ministerio de Justicia, dijera que no es posible una entrevista con la ministra Ayllón y nos derivara al viceministro Esteban Miranda. El Viceministro, sin embargo, no pudo atendernos hasta el cierre de esta edición por problemas de agenda.

 ¿Cuántos calificados existen en cada uno de los siete hechos contemplados por la Ley 2640?

 ¿Cuántas víctimas han sido excluidas conforme a lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley 2640?

 ¿Qué tipo de trámites y ante qué organizaciones realizó el Ministerio de Justicia para cubrir el 80% estipulado en la Ley 2640?

 ¿Cuántas víctimas han accedido a los servicios de prestación social de acuerdo a lo estipulado por la Ley?

 ¿Cuánto se ha derogado hasta ahora en el resarcimiento?

 ¿Se han establecido los montos individuales de resarcimiento?

 ¿De dónde ha salido el presupuesto para el funcionamiento de CONREVIP y COMTECA y para el pago de los consultores?

 VOZ DEL GOBIERNO

“Consecuentes con nuestras convicciones democráticas, debemos recordar a la opinión pública que a ocho años de promulgada la ley 2640 por el gobierno de Carlos Mesa,  el gobierno nacional del Presidente Evo Morales a través de Gestión Social del Ministerio de la Presidencia, está cancelando un total de Bs. 3.600.000 a 1714 personas calificadas para acceder al  beneficio de resarcimiento a las víctimas de la violencia de las dictaduras que en su momento fueran perseguidas, apresadas, torturadas, desaparecidas y asesinadas.

Hay que lamentar, por otra parte, que la mal diseñada ley de resarcimiento promulgada en el año 2004 haya orientado de manera incierta e imprecisa este beneficio a través de la supuesta participación solidaria de la cooperación internacional que hasta la fecha ha hecho saber a través de los canales correspondientes que no tiene contemplada en sus políticas cooperar con los distintos países víctimas de las dictaduras por este concepto.

En cuanto a las personas no calificadas que no accedieron a un resarcimiento que ellas consideran justo,  el Ministerio de Justicia informa al país que la Central Obrera Boliviana (COB) ha enviado un proyecto luego de dos meses de realizada una reunión en instalaciones de la Vicepresidencia del Estado (16 de mayo del año en curso) con la presencia de la Ministra de Justicia, Dra. Cecilia Ayllón, y la participación de la denominada Plataforma de Luchadores,  formulando algunos criterios que están siendo debidamente considerados.

El Ministerio de Justicia del Estado Plurinacional de Bolivia lamenta que algunos activistas políticos estén dedicados a desinformar a la opinión pública con respecto de los esfuerzos que viene realizando el gobierno nacional para encontrar soluciones definitivas ante las demandas de quienes consideran no haber sido debidamente calificados para acceder a los pagos de resarcimiento que oscilan según el decreto de 1 de mayo de 2012, entre Bs. 800 y 48.000.”