JUSTICIA (Jorge Pelaez)

JUSTICIA (Jorge Peláez)

De manera permanente la Plataforma de Luchadores Sociales – Sobrevivientes de las Dictaduras, venimos exigiendo a la Ministra de Justicia Cecilia Ayllon Quinteros y al propio gobierno del Estado Plurinacional, SE HAGA JUSTICIA con miles de víctimas de violencia política, cuyos expedientes fueron ilegal y arbitrariamente descalificados, declarados improcedentes y ejecutoriados por los funestos técnicos calificadores de la CONREVIP y COMTECA.

El hecho de clamar justicia por parte de los que fueron perseguidos, detenidos, torturados y exiliados a la fuerza sin derecho a reclamo alguno durante dieciocho años de dictadura, pese a haber demostrado con prueba legalmente válida y contundente su condición de luchadores por la democracia contra el flagelo dictatorial, hasta ahora, no ha significado ni merecido por parte del Gobierno atención alguna y más parece que dicha palabra significa tan sólo un slogan callejero al que no se le quiere reconocer su correcta interpretación y significado.

Dentro ese marco es menester ilustrar a aquellos que desde el gobierno no entienden el profundo sentido jurídico que encierra la palabra justicia, para indicarles que justicia significa lo que es conforme a derecho, como han sido conformes a derecho las pruebas aportadas por 6.622 peticionarios de Resarcimiento que en ningún momento fueron analizadas ni consideradas por los mal llamados técnicos calificadores, quienes más bien, obedeciendo órdenes, pidieron como pruebas certificados médicos-forenses de violaciones perpetradas desde hace 47 años y durante los 18 años de dictadura, testigos que avalen el agravante de tortura, presentación de visas de entrada y salida de revolucionarios que salieron y entraron clandestinamente al país, testigos que señalen el inicio y conclusión de la persecución y otros dislates, que ocasionaron la nulidad de pleno derecho del proceso de calificación de los expedientes que ahora pedimos sean revisados conforme lo establece la Ley 2640, dentro de los marcos del ordenamiento legal vigente y de las disposiciones normativas internacionales sobre derechos humanos.

Otro aspecto de suyo importante que hace que no se nos dé importancia ni se escuchen nuestros reclamos en las diferentes instancias de este Estado Plurinacional es que, la justicia como tal, se sigue manejando como en anteriores gobiernos pero ya sin ningún tipo de cuoteo político ya que, este gobierno, como tiene el control de todo el poder, actúa según sus intereses contaminando a la Asamblea Legislativa y los Tribunales de Justicia, donde se evidencia una indisimulada distorsión que ocasiona un evidente retroceso de la justicia.

Lo precedente señalado, se constata en el estancamiento de la aplicación del derecho en lo que fue la consulta a los indígenas del tipnis y lo que es peor, se tuvo que soportar una polémica elección de jueces que originaron un Justicia estigmatizada, máxime si la mayoría del pueblo boliviano votó por el NO. 

Todos los esfuerzos realizados para dotar al sistema de justicia de independencia, institucionalidad y transparencia fueron vanos, por el hecho de que innegablemente existe una dependencia política que no oculta matices y se limita a cumplir directrices del órgano ejecutivo.

La Comisión Andina de Juristas señalo que Bolivia es percibida como injusta por la sociedad y el órgano judicial es considerado corrupto.  Resultados de entrevistas sobre el particular dan el 93.7% a quienes dicen que existe corrupción  y el 81% prefieren acudir a una conciliación extrajudicial.  Existe desconfianza en el sistema y no se experimentan cambios sustanciales.

En la memoria histórica que pretendemos recuperar está el hecho de que la administración de justicia no hace nada para imputar y condenar a los autores y cómplices de haber actuado contra el pueblo boliviano durante 18 años de dictaduras (sólo están presos Luis García Meza y Luis Arce Gómez) y haber cometido delitos de lesa humanidad y pese a ello, ahora gozan de impunidad y caminan libremente por las calles de nuestro país, sin que ninguna autoridad diga ni haga nada.

No debemos olvidar tampoco que el juicio de responsabilidades iniciado por el cro. Marcelo Quiroga Santa Cruz, no prosperó y fue Banzer quién lo sentenció y lo llevó a la muerte durante el golpe de García Meza. 

A tal extremo llega la impunidad que, Mario Addet Zamora, se atreve a declarar que está orgulloso de haber participado en la dictadura de Banzer, donde ejerció el cargo de Ministro de gobierno y confesó sin sangre en la cara que no pudo cuantificar los muertos ¡claro! Era tal la cantidad.

En el caso Chaparina, los autores intelectuales y materiales no están en la cárcel y se los premia más bien con embajadas.

Juzgue la opinión pública sobre lo dicho precedentemente y una esfuerzos con los que no claudicamos y seguiremos luchando por la verdad y la justicia.

La Paz, Marzo del 2013