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Hace
treinta años, entre abril y mayo de 1982, las protestas sociales en La Paz y
en Cochabamba lograban arrinconar a la dictadura de Luís García Meza,
abriendo el cauce para construir la democracia. Entonces el pacto era
minero-obrero y campesino, héroes anónimos que hoy están olvidados por
quienes creen que la historia acaba de empezar.
La
dupla de los Luíses, García Meza y Arce Gómez, había llegado al gobierno a
través de un sangriento golpe militar y el asesinato selectivo de opositores
como Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores, los ocho caídos en la calle
Harrington. Fue el primer régimen que se relacionó con la producción y el tráfico
de cocaína y el lavado de los coca dólares. Desde entonces, con diferentes
dosis, el narcotráfico es parte de la política boliviana y sus ramificaciones
en el circuito coca cocaína son más complejas.
En
1982, cerca de 50 mil mineros y otros 10 mil fabriles eran la vanguardia de
las luchas. Ese año, la clandestina Central Obrera Boliviana (COB) había
logrado declarar una huelga general ante las medidas económicas del 5 de
febrero. Dirigentes de los mineros, de los ferroviarios y de los fabriles
—entre ellos Walter Delgadillo— habían soportado meses de persecución y
hostigamiento, hambre y penurias, pero la COB seguía en pie.
Todo el
primer trimestre del año fue convulsionado y los militares no lograban
controlar la situación. Los periodistas ayudaban a difundir las noticias y
las radios sindicales comenzaron a volver al éter, aún con viejos equipos. Un
grupo de intelectuales convocó a las Fuerzas Armadas a dejar su prepotencia y
comenzaron a circular denuncias del enriquecimiento ilícito de muchos uniformados.
Juan
Lechín volvió clandestino para ponerse al frente de las huelgas contra la
creciente inflación y el alza del costo de vida. Los obreros de la SAID
eligieron a su sindicato a pesar de la prohibición. Los mineros de Siglo XX
salieron en ruidosa manifestación contra la política económica. Los fabriles
de Cochabamba lamentaron cinco muertos por la represión militar a una de sus
marchas. El 16 de abril fueron apresados importantes líderes de la COB, pero
la respuesta fue una huelga general y una gran marcha el Primero de Mayo y
los dirigentes fueron liberados.
Muchos
de los hombres y mujeres que ahora reclaman una indemnización porque esos
días perdieron trabajo, vida familiar y fueron apresados, hoy hacen vigilia
frente al Ministerio de Justicia. Sus verdugos directos o indirectos, los
uniformados, dijeron estar “agradecidos” en el congreso del Movimiento al
Socialismo (MAS).
El 21
de mayo de 1982, la prensa, desafiando los peligros publicó una solicitada
encubierta con el título “Para Mí-Ltda.” con sede en Buenos Aires, con una
lista de presuntos socios que en realidad eran los paramilitares y los
“asesores militares” argentinos que eran los extranjeros en el Ministerio de
Gobierno de esa época.
Acorralado,
el gobierno dictó la administra general el 26 de mayo. Inmediatamente, los
sindicatos encabezados por los mineros, comenzaron su reorganización y muchos
líderes políticos salieron de la clandestinidad.
Caía el
gobierno narcomilitar que había pretendido durar 20 años. Al salir un
comunicado de las FFAA se despedía anunciando que no permitirían que ninguno
de ellos fuese juzgado por presuntos delitos cometidos entre 1980 y 1982.
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