EN DEFENSA DEL HONOR Y LA DIGNIDAD DE LAS VÍCTIMAS
DE VIOLENCIA POLITICA
Arturo D. Villanueva Imaña (*)
Seguramente
no existe mayor vejación, humillación y dolor que aquellas que surgen como
consecuencia de sufrir un acto de injusticia, nada menos que a través de un
órgano como el Ministerio de Justicia y el gobierno del Estado Plurinacional de
Bolivia, que encaran un proceso de transformación democrático cultural (qué
gran ironía!).
Esta
situación se produce contra miles de ciudadanos y ciudadanas, víctimas de
violencia política ejercida por regímenes dictatoriales y antidemocráticos, que
durante algo más de 3 décadas y como cimiente del proceso que hoy vivimos,
tuvimos el atrevimiento de pensar diferente y encarar una larga lucha por la
restitución de la democracia y la defensa de los más elementales derechos para
todos los bolivianos, que habían sido conculcados y pretendieron ser sometidos
y fracturados con la utilización del garrote, la represión sañuda y el uso de
la violencia física y sicológica sobre nuestros cuerpos.
Hoy,
no solo desoyendo, sino haciendo caso omiso y burlándose de la legítima y justa
demanda de las víctimas de violencia política que llevan varias semanas de
vigilia a las puertas del Ministerio de Justicia, buscando reunirse y ser
escuchados para corregir y enmendar las graves irregularidades y el franco
incumplimiento de deberes y normas que han sido cometidos por las autoridades y
funcionarios del Ministerio de Justica, y cuyo tiempo se suma a los más de 5
años que le ha tomado a este gobierno hacer conocer una decisión que debía
haber sido realizada hace varios años para dar cumplimiento de la Ley 2640 y
los decretos respectivos; el gobierno decide hacernos sujetos y víctimas de un
nuevo acto de violencia política y conculcación de derechos.
No
otra cosa puede afirmarse cuando, nada menos que el 1 de Mayo, fecha en la que
se conmemora mundialmente un nuevo año de las luchas obreras que permitieron
alcanzar reivindicaciones sociales largamente buscadas; el gobierno del Estado
Plurinacional de Bolivia, decide emitir el decreto supremo 1211 cuyo contenido
(unido a la ley 238 previamente aprobada) burla y distorsiona su
responsabilidad y obligación de dar cumplimiento a lo establecido por la ley
2640 que comprometía la fe del Estado para resarcir los graves daños provocados
por violencia política ejercida en décadas pasadas por gobiernos
antidemocráticos.
Cual
si se tratase de una dádiva o acto discrecional graciosamente otorgado contra
su voluntad, cuando en realidad debería representar la recuperación de la
memoria histórica y la decisión política de no volver a cometer actos de lesa
humanidad; el gobierno decide efectuar un artero y vil ejercicio de una nueva
forma de violencia política que se ejerce nada menos contra quienes ya sufrimos
la tortura, la violencia física, el maltrato sicológico y la pérdida de las más
elementales libertades ciudadanas.
Aquel
castigo físico y la violencia represiva ejercida entonces, no se compara
y viene a representar una insignificancia frente a la humillación y el ataque
frontal contra la dignidad y el honor que significan las medidas aprobadas por
el gobierno del Presidente Evo Morales, quien debe saber que se ejerce
violencia política del Estado, cuando hay incumplimiento de deberes y
retardación en el acatamiento de las normas, cuando hay negligencia
funcionaria, cuando hay tráfico de influencias, cuando se permite o socapa la
impunidad reinante sobre todos aquellos responsables de la desaparición y
muerte de ciudadanos y luchadores sociales como Marcelo Quiroga Santa Cruz,
cuando se permite e incentiva el olvido y hasta el desprecio por la memoria
histórica y la recuperación de los valores emergentes de las luchas y los
luchadores que de manera totalmente desinteresada se comprometieron con su
sociedad para transformarla, en fin, cuando de manera totalmente incompresible
se decide volver a victimizar a luchadores sociales, nada menos que mellando su
dignidad y su honor…
Por
esta razón, en la misma forma pública como se ha decidido hacer escarnio de
nuestra dignidad y honor de ciudadanos bolivianos y luchadores sociales, al
emitir normas que nos convierten inexplicablemente (pero de una forma por demás
arbitraria y brutal) en unos seres mentirosos, farsantes, impostores y falsos;
porque independientemente de las heridas físicas recibidas y otras violaciones
que materialmente es imposible “verificar” como exigen y reclaman los
funcionarios del Ministerio de Justica, o independientemente de documentos,
testimonios, libros e informes internacionales como el de la Comisión
Interamericana de Derechos Humanos que no han servido para nada, o
sencillamente por la privación de la libertad, el confinamiento y el exilio que
no han tenido ningún tipo de certificado para presentar como otras pruebas
requeridas; es que exijo públicamente se me someta al juicio y la condena que
corresponden a todo aquel ciudadano boliviano que ha cometido semejantes
irregularidades y delitos, a los que debe sumarse la supuesta presentación de
declaraciones juradas falsas, uso de instrumentos falsificados y presentación
de documentación fraudulenta, según se puede colegir de la decisión y criterio
gubernamental utilizado para aprobar las normas complementarias para el
resarcimiento de las víctimas de violencia política, aprobadas el 1 de mayo del
presente año.
Que
se haga justicia y que el gobierno tenga el valor y las agallas para terminar
lo que los gobiernos dictatoriales y antidemocráticos no pudieron. Quedo
pendiente y a la espera de sus medidas que restituirán a su verdadero lugar el
honor y la dignidad de este ciudadano de a pie.
(*)
Sociólogo, boliviano. Miembro de la Plataforma de Luchadores Sociales Víctimas
de Violencia Política. Cochabamba, Bolivia. 2012.
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