PLATAFORMA DE LUCHADORES
SOCIALES CONTRA LA IMPUNIDAD, POR
LA JUSTICIA Y LA MEMORIA
HISTÓRICA DEL PUEBLO BOLIVIANO
¿Quiénes somos?
Bolivianos, que durante las dictaduras militares instauradas en nuestro
país entre los años 1964 a 1982, hemos luchado desde nuestras organizaciones,
estudiantiles, sindicales, académicas,
periodísticas y políticas, por la recuperación de la democracia.
En ese tiempo fuimos
jóvenes idealistas que no hemos regateado ningún esfuerzo, hemos enfrentado
muchos riesgos, persecuciones, pérdida de trabajo por despidos, pérdida de los
derechos ciudadanos y la libertad individual, sufriendo detenciones en casas de
seguridad, en cárceles y cuarteles, confinamientos en Madidi, Ixiamas, Pekín,
Puerto Rico y otros lugares ubicados en la selva amazónica, o en la Isla de
Coati en el lago Titicaca, sólo durante la dictadura del Cnel. Banzer mas de
4.000 personas fuimos expulsados del país, o sea que fuimos exiliados, algunos
de nuestros compañeros entregaron la
vida y varios aún están desaparecidos.
Nuestros padres,
hermanos, esposas, hijos han sido víctimas de hambre, discriminación y zozobra,
porque no sabían del lugar donde estábamos, perdieron los medios de
subsistencia que les dábamos, dando lugar a problemas sociales tales como
divorcios, abandonos y orfandades.
Cuando ingresamos a
la lucha NUNCA pensamos
obtener alguna recompensa por nuestra decisión, pero ahora hay una ley que
queremos que se cumpla.
Ley 2640 de 11 de marzo de 2004
Denominada de Resarcimiento a las víctima de la violencia política, en
períodos de gobiernos inconstitucionales, ha sido
promulgada por la obligación que tienen los Estados para reparar los daños que
ha ocasionado la violencia que han ejercido sobre algunos ciudadanos y sólo
debía ubicarse e identificarse a las víctimas por mandato de la Convención
Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y
Políticos y las garantías constitucionales bolivianas.
Lamentablemente el
DS 28015 que reglamenta la Ley dice: “La carga de la prueba está bajo al responsabilidad del potencial
beneficiario...” o sea que teníamos que probar que estuvimos perseguidos,
confinados, detenidos, exiliados en circunstancias en que no dieron crédito a
las publicaciones de la prensa, llegando al extremo de exigirnos certificados
médico forenses de las torturas o
declaraciones testificales de la represión ejercitada sobre nuestras personas,
en contraposición y violación de la jurisprudencia establecida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y en
contradicción con el Art.8.1 de la Convención Americana de
los Derechos Humanos. Que han establecido que la carga de la prueba
corresponde al propio Estado.
El
Art. 22 de la Ley establece la “colaboración pública” que obliga a los poderes
públicos colaborar con la Comisión Calificadora, mandato que NO SE HA CUMPLIDO, el ejército
no ha entregado información sobre las personas que tuvo bajo su custodia en los
centros de confinamiento, en los cuarteles, en Chonchocoro, Viacha, Achocalla o
en “casas de seguridad”, ni el Ministerio de Gobierno ha entregado nómina de
quienes fueron expulsados del País imprimiendo en sus pasaportes el SELLO ROJO como señal para que no se les permita
reingresar al país.
La última Comisión
Calificadora denominada COMTECA ha
aprobado sólo 1714 casos con derecho a resarcimiento, y
la Unidad de Apoyo a la Gestión Social
de la Presidencia está pagando a estos compañeros el 20 % de lo previsto en la
Ley 2640, las solicitudes presentadas
fueron más de 6200, o sea más de 4500 han sido
desestimadas, calificadas como no procedentes.
¿Por qué estamos en vigilia?
Desde el mes de marzo
(por más de ocho meses) estamos frente al Ministerio de Justicia, para que la
opinión pública sepa que a ocho años de
dictada, no se ha dado cumplimiento a la
intención original de la Ley 2640, pues se ha rechazado a la gran mayoría y a
los calificados sólo se les ha abonado el 20%. Indignados por la indolencia de
la burocracia estatal que no ha atendido nuestros reclamos hemos tomado la
decisión de permanecer en vigilia bajo la consigna de AHORA O NUNCA.
¿Qué pedimos?
1.- El cumplimiento de la
letra y el espíritu de la Ley 2640
2.- La reapertura y un nuevo plazo para presentar nuevas
peticiones.
3.- La revisión con carácter
extraordinario y con participación de nuestras
Organizaciones de los casos rechazados
Solicitamos el apoyo de la
opinión pública, de las organizaciones sociales, de los trabajadores, de la
prensa, de los estudiantes, con pronunciamientos expresos porque la democracia actual es producto de nuestra lucha, que no sea
Bolivia el único país que no respeta y no reconoce a sus luchadores sociales.
La Paz, noviembre de 2012
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