LA DEUDA MORAL DE LOS BOLIVIANOS

Juan García Barañado

Los procesos sociales tienen una génesis determinada por factores dialécticos sobre los cuales se fundan: los procesos sociales no se producen por generación espontánea, sino que son el resultado de procesos  que  se generan en las condiciones materiales de existencia. El período de las dictaduras también ha sido producto de las condiciones de crisis a que nos condujo, por una parte, la conflictividad de los factores políticos de nuestro país, entre los cuales, la debilidad de la propia burguesía que no pudo utilizar el Poder estatal para continuar viviendo y reproduciendo las condiciones materiales de su dominación; y por su parte, el pueblo que no alcanzó a organizarse políticamente para optar sus propias vías de Poder estatal. Las crisis sociales que se produjeron a partir del terror que desencadenó en la burguesía subsidiaria y sirviente de nuestro país a partir de la gesta de la Asamblea Popular y posteriormente en la etapa de gobierno del Dr. Siles, estuvo alimentada por la incapacidad de la izquierda de articular un discurso unitario tras del cual pudieran marchar las masas. Se debió también a la inmadurez de ciertos sectores de la COB que continuaron confiando en el mesianismo de Juan Lechín y por otro lado, las otras izquierdas que estaban dispuestas a  hacer la revolución porque pensaban que estaban dadas las condiciones objetivas de la revolución y no identificaron debidamente al enemigo principal. Como sean, la derecha que tiene la posibilidad de articularse mejor y más rápido, porque solo tiene como programa la defensa de sus intereses materiales y de sus privilegios de clase, con la ayuda del imperialismo, desencadenó al fascismo. Al verse imposibilitada de resolver los conflictos por la vía democrática, complotó con el sector más reaccionario de las fuerzas armadas, en un esquema continental que ya había sido puesto en práctica Brasil, en Uruguay, en Chile y Argentina y que sirvió para introducir por la vía de la violencia estatal, el neoliberalismo. Todo eso ha ocurrido porque se habían dado ciertas condiciones materiales primero (como el empobrecimiento de los salarios) y la corrupción de los mandos militares implicados en la administración del Estado y posteriormente, como consecuencia de la maduración de factores políticos que privilegiaron, en los sindicatos, luchas reivindicacionistas salarialistas,  que se finalmente desencadenaron la represión fascista, iniciado por Banzer.  Las víctimas no fueron los cocaleros, ni las organizaciones campesinas y originarias, sino los obreros urbanos, los mineros, los maestros, los intelectuales de la pequeña burguesía y los estudiantes y universitarios. Los campesinos que sufrieron violencia política, fueron en función de sus actividades partidarias, no como consecuencia de sus actividades gremiales, ni  por su pertenencia a grupos o nacionalidades. La violencia fascista, con la cooperación argentina, chilena y sobre todo norteamericana, implicó a los militares fascistas al amparo de la “Operación Cóndor” intercambiaron víctimas y cometieron asesinatos, la represión selectiva y gracias a lo que la burguesía birlocha, dependiente y reaccionaria, antinacional y golpista, se enriqueció de las migajas dejadas por las transnacionales. El fascismo sirvió de  ariete para introducir el neoliberalismo del que fue su principal beneficiario, junto con las transnacionales. Por eso, la llamada “agenda de Octubre”, no ha sido producto del espontaneismo de las masas alteñas, sino que ha sido producto de las consignas de la izquierda que vivía en los llamados “relocalizados” mineros y la izquierda que estaba en desbandada.

Ha pasado treinta años de todo eso y las víctimas de las dictaduras, son ahora, víctimas de la indolencia del gobierno. La construcción de la democracia, de la que se han beneficiado los gobiernos de turno, ha tenido un costo que debe ser encarado por el Estado. No puede ser que, por moral, que ahora se someta a la humillación a quienes dieron todo, incluso su salud, su seguridad, la tranquilidad de sus familias y su tranquilidad económica, para que los bolivianos de ahora recordemos, aunque muy deslucidamente, que la democracia que ha llevado a Evo Morales al Poder, ha tenido su costo en sangres, sufrimiento y lágrimas.  La Constitución Política del Estado, en su Art. 15 que nadie debe sufrir tratos crueles, degradantes y humillantes. El numeral II dice que nadie puede ser sometido a violencia psicológica. El Art, 113, dice que la vulneración de los derechos concede a las víctimas el derecho a la indemnización, reparación y resarcimiento de daños y perjuicios en forma oportuna. Eso es lo que el Estado debe cumplir con las víctimas de la violencia política, porque tiene el deber de cumplir una ley de la república.

El país tiene una deuda moral con los víctimas de la violencia política. El gobierno tiene una deuda legal que debe cumplir con las víctimas de la violencia política. No puede ser que se esté esperando que los viejos luchadores mueran, como está ocurriendo, porque la muerte no puede significar la consolidación de un acto de injusticia y desprecio por el sacrificio de los constructores de la democracia.