INDOLENCIA
Y DESPRECIO POR DECADAS DE LUCHA POR LA DEMOCRACIA
Arturo
D. Villanueva Imaña (*)
La sede de gobierno
en la ciudad de La Paz y específicamente el Ministerio de (in)justicia, frente
a cuyas puertas se ha instalado hace ya más de un año una vigilia permanente de
luchadores sociales por la democracia y víctimas de violencia política ejercida
por regímenes dictatoriales y autoritarios de las décadas de los años 60, 70 y
80; son mudos y sordos testigos (por su inacción) de la silenciosa pero terca
demanda de estos ciudadanos.
Son aquellos mismos
que contribuyeron a restaurar de democracia y conseguir las libertades
esenciales para que el pueblo pueda ejercer derechos elementales sin los cuales
sería totalmente impensable el actual proceso; que son totalmente
ignorados por el gobierno de transformación democrático cultural y por sus
autoridades, al punto que no solo se ha hecho caso omiso de sus justas y
totalmente justificadas demandas para que se dé cumplimiento de la Ley 2064;
sino que vuelven a reeditar el escarnio, la violencia y la agresión con la que
ya aquellos regímenes dictatoriales pretendieron doblegar la dignidad y la
lucha de estos ciudadanos.
Tal es la situación
que en el mes de febrero pasado algunos miembros de la vigilia fueron agredidos
y la Secretaria General de la Plataforma sufrió un violento ataque, agravado
por la cobardía de hacerlo contra una mujer, que le provocó serías lesiones
físicas y una fractura de antebrazo, nada menos que por personas que se
entiende son funcionarios que trabajan para el gobierno en dicho Ministerio y
que durante el día habían estado festejando la ch’alla de sus oficinas.
Es un hecho
realmente inaudito y completamente incomprensible que el gobierno del Estado
Plurinacional, que tiene la obligación de encarar los más elevados principios
éticos y políticos, en los que se incluye el profundo respeto por las luchas
revolucionarias emprendidas en el pasado y el justo reconocimiento por las
conquistas democráticas alcanzadas, no muestre la más mínima voluntad por
atender y resolver esta deuda histórica nacional, sobre cuyos logros
(evidentemente despreciados y hasta repudiados oficialmente) ahora se encara el
actual proceso de cambio.
Actos y decisiones orientados a la
recuperación de la memoria histórica sobre las luchas por la recuperación de la
democracia y las libertades ciudadanas, el establecimiento de la verdad sobre
los hechos ocurridos y la adopción de medidas que lleven a la desclasificación
de archivos de las fuerzas armadas, la búsqueda y entrega de cuerpos de
insignes luchadores sociales asesinados y desaparecidos, y el justo
reconocimiento a todas las víctimas de violencia política que constituyen
obligaciones elementales de cualquier gobierno que se reclame como democrático,
parecen constituir simples majaderías frente a la indolencia e insensibilidad
gubernamental que, frente a lo que ocurre en la Argentina o Chile respecto de
la misma tarea de recuperación de la memoria histórica (que enjuicia, condena y
busca curar las heridas que quedaron en sus sociedades como resultado de la
misma violencia política ejercida por similares regímenes dictatoriales de
aquellas décadas), es en Bolivia una suerte de irónica burla, por el desprecio
que le merece al Gobierno del Presidente Evo Morales.
A un año de instalada la vigilia de
interpelación y reclamo justo, pero a muchas décadas de haberse iniciado la
lucha para contribuir a que los bolivianos podamos enrumbarnos hacia una
sociedad con respecto, justicia, dignidad y reconocimiento que nos permita
vivir a todos orgullosos de haber resuelto nuestros problemas y haber saldado
aquellas deudas sociales históricas que suelen constituir un escollo que
mantiene vivas aquellas heridas que han provocado tanto dolor; quizás sea
oportuno mencionar aquella certeza por la cual sabemos que los pueblos y
gobiernos que no tienen memoria, desconocen su historia, o quieren
ignorarla; corren el riesgo de repetirla, sobre todo en aquello que corresponde
a los errores y las omisiones que, en este caso, implican reproducir y ejercer
nuevamente aquella violencia política que quiso ser desterrada por luchadores
sociales que se comprometieron con su pueblo y por la democracia, pero que hoy
son tratados con desprecio e indolencia.
El gobierno no puede dejar pasar más
tiempo y es hora de que reivindique la lucha de sus mayores por la democracia y
salde aquella deuda histórica pendiente, salvo que esté dispuesto a ser juzgado
por la historia.
(*) Sociólogo, boliviano. Cochabamba –
Bolivia; Marzo 14 de 2013.
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