NOS DEJO EL CRO. DIONICIO FERNANDEZ CALLACAHUA

Nos dejo nuestro querido compañero: DIONICIO FERNANDEZ CALLACAHUA, un gran luchador social, militante del PCML, victima de la violencia política de las dictaduras militares de René Barrientos Ortuño, Hugo Banzer Suarez, Luis Garcia Meza.
La Plataforma de Luchadores Sociales Contra la Impunidad por la Justicia y la Memoria Histórica del Pueblo Boliviano, invita a la misa de nueve dias que se realizará en la Catedral el día miercoles 6 de marzo a horas 18.30.

ACCIÓN URGENTE

AU: 45/13 Índice AI: AMR 18/001/2013 Fecha de emisión: 18 de febrero de 2013

ACCIÓN URGENTE: UNA MANIFESTANTE AGREDIDA MIENTRAS LA POLICÍA HACE CASO

OMISO EN BOLIVIA

Victoria López, víctima de violaciones de derechos humanos y miembro de una asociación de personas

CONSTANTINO LIMA: Memorias de un luchador indianista

Constantino Lima: Memorias de un luchador indianista

Pedro Portugal Mollinedo

Rosario es una comunidad aymara de la provincia Pacajes del departamento de La Paz, asentada en un sitio impresionante, por estar en la región donde existe mayor concentración de chullpas, bellas torres funerarias que nos hablan del pasado heroico de la nación aymara. En las inmediaciones de esa comunidad, en 1941, en el camino hacia el poblado de Calacoto, un q’ara se enoja porque una india aymara le estorba el paso, la insulta y finalmente la aleja de una patada en el trasero. Un niño, el hijo de esa india, observa, pasmado, lo que sucede.

Ese niño, Constantino Lima Chávez no logrará borrar de su mente esas imágenes. Ya en su comunidad correrá a buscar su padre, para contarle lo sucedido y pedirle una explicación. Su pregunta es: «¿Por qué los caballeros nos tratan tan mal?». El progenitor reunió a sus hijos y dibujando el océano y los continentes de Europa y América les explicó: «Los blancos mestizos vienen de Europa que está aquí y nosotros somos de aquí. Somos los dueños de casa, pero hemos sido invadidos y ahora somos como esclavos, por eso ellos se sienten nuestros patrones y nos tratan mal». Su padre les explicó la situación dolorosa del pueblo ocupado y sometido: «Nos quitan las ovejas, nos pagan una miseria, a veces ni nos pagan porque el corregidor es de ellos, el juez, el abogado, la policía es de ellos».

LA DESINFORMACION DEL GOBIERNO

LA DESINFORMACION DEL GOBIERNO SOBRE EL PROCESO DE CALIFICACION PARA EL RESARCIMIENTO A VICTIMAS DE VIOLENCIA POLITICA.

         La Unidad de Comunicación del Ministerio de Justicia, aduciendo una campaña desinformadora y mal intencionada a cerca de los alcances del pago del resarcimiento, intenta informar a la ciudadanía sobre este tema, con “detalle y precisión” que supuestamente exige su responsabilidad institucional.

INVESTIGACION Y DOCUMENTACION SOBRE LA VIOLACION DE DERECHOS HUMANOS

Una Investigación y Documentación sobre los Violaciones de Derechas Humanos en Bolivia Durante las Dictaduras Militares a Finales del Siglo XX

En marzo 2004 el gobierno Boliviano aprobó ley 2640. La aprobación de esa ley  - con el título oficial “Resarcimiento Excepcional a víctimas de la violencia política en períodos inconstitucionales” – es considerada un hito histórico en la política reciente del Estado Plurinacional de Bolivia, como garantiza una reparación, un resarcimiento y atención médica para las personas que sufrieron de la violencia y terror estatal durante las dictaduras militares de 1964 a 1982.

Balance de la Guerra del gas de 2003

Mar, 2012-10-16 20:34 |  salcazar 

La insurrección de octubre, expresó la emergencia de un nuevo nacionalismo encarnado en las naciones originarias, obreros y clases empobrecidas que impidió la exportación del gas a través de un puerto chileno, pidió la industrialización del gas en territorio boliviano y, sobre todo, exigió la nacionalización del excedente económico de este recurso, transferido dolosamente a las empresas petroleras transnacionales, dice Mirko Orgáz García en un análisis sobre la significación de la Guerra del gas de 2003.

Mirko Orgáz García

En perspectiva, tanto la Guerra del agua del año 2000, como la Guerra del gas del año 2003, mostraron la vigencia de las luchas por la nacionalización de los excedentes económicos contra el poder transnacional como el único medio serio de salvaguardar la existencia nacional y las condiciones básicas del desarrollo de la nación.

COMUNICADO

Las organizaciones de las victimas de la Violencia Política durante las dictaduras militares, comunican a la opinión pública en general y, en particular a nuestros compañeros, compañeras, familiares, Asamblea Permanente de los Derechos Humanos, Defensor del Pueblo y activistas de distintas Instituciones Derechos Humanos lo siguiente:

MANIFIESTO DE LOS EX-PRESOS Y PERSEGUIDOS POLITICOS DE LAS DICTADURAS FASCISTAS

 

Se viene orquestando la realización de uno de los atentados más nefastos e infames contra la memoria histórica del pueblo boliviano y sus masas trabajadoras revolucionarias y anti-fascistas:

¡¡En Bolivia no habría existido un ciclo de dictaduras militares fascistas!!

El gobierno del c. Evo Morales, mediante su Ministerio de “Justicia”, viene cometiendo uno de los errores mayúsculos que puede manchar definitivamente todo el presente proceso de cambio que ha surgido precisamente por el sacrificio y la lucha heroica de miles de revolucionarios bolivianos que por más de medio siglo combatieron  contra el MNR, las dictaduras militares y el neoliberalismo.

Burlándose sangrientamente de miles y miles de perseguidos, encarcelados, torturados y exiliados políticos, el Ministerio de “Justicia” a cargo de abogadillos imberbes, tinterillos desmemoriados e ignorantes, ha emitido miles de “resoluciones” infamantes en las que descalifican totalmente nuestras pruebas fehacientes de prisión, persecución, tortura y exilio, delitos  que se cometieron por parte del Estado oligárquico en las dictaduras más oprobiosas de toda la historia de Bolivia.

El proceso de la llamada “evaluación y calificación” estuvo caracterizado por una irresponsabilidad imperdonable y sin límites. Se procedió con la exigencia de presentar pruebas que eran imposible conseguirlas, se negó en forma arbitraria todo indicio conducente a probar las causales de resarcimiento. En fin se cometieron incontables errores de apreciación que dieron como resultado la DESCALIFICACIÓN  DE SEIS MIL PRESOS, PERSEGUIDOS, TORTURADOS Y EXILIADOS en las más sangrientas de las dictaduras de la llamada «Doctrina de la Seguridad Nacional» y la famosa y muy conocida «Operación Cóndor» que coordinaba a nivel sub-regional del Cono Sur la actividad terrorista de los gobiernos militares de Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Paraguay y Bolivia, hechos y fenómenos que, indudablemente no conocen ni por el forro nuestros eventuales evaluadores.

Se ha concluido con la facción de una ridícula lista de unas 200 personas que presumiblemente habrían cumplido todos los requisitos exigidos por la Ley, sus modificaciones y sus reglamentos. Es pues urgente que se conozcan los nombres de esos “privilegiados” que habrían tenido la capacidad de derrocar una dictadura fascista.

Las diversas resoluciones de descalificación de seis mil solicitantes constituyen una “prueba” para que la derecha fascista NIEGUE  la existencia de dictaduras fascistas y militares en Bolivia. Según las conclusiones que se pueden extraer, todos los testimonios de prisión por largos años, las persecuciones sañudas proclamadas públicamente por las dictaduras, las torturas inhumanas practicadas con presos ancianos. mujeres y niños, así como los larguísimos exilios, constituyen un “INVENTO” de los solicitantes.

Señores del Gobierno:

¡No vamos a tolerar semejante infamia! ¡No vamos a tolerar que se nos llame impostores!

Los evaluadores deberán obligatoriamente iniciar los procesos penales que corresponden, pues según sus conclusiones nuestras pruebas son “falsas”. (D. S. 28015 de 22 de febrero de 2005. Artículo 7, inciso f)

En nombre de todos los ex-presos, perseguidos, torturados y exiliados políticos por parte de las dictaduras militares fascistas, tenemos a bien dirigirnos a la opinión pública nacional  a través de este manifiesto para expresar nuestra profunda preocupación en cuanto se refiere al incumplimiento de la Ley de la República  No. 2640 de 11 de marzo de 2004 y su Decreto Reglamentario No. 28015 de 22 de febrero de 2005.

Nuestras organizaciones recuerdan cada 4 de noviembre, cada 17 de julio y cada 21 de agosto como aniversarios de las asonadas fascistas protagonizadas por los dictadores René Barrientos, Hugo Bánzer Suárez y Luís García Meza así como su máximo operador y lugarteniente Luís Arce Gómez, que sumieron al pueblo boliviano en un mar de sangre en cada una de esas fechas memorables de resistencia popular y masacres genocidas.

Barrientos se encarnizó con los mineros en Huanuni, Catavi y Siglo XX, la noche de San Juan; Bánzer, inauguró los campos de concentración famosos por sus aberraciones inhumanas como Chonchocoro, Viacha. Achocalla, Madidi, Coati, etc.; García Meza, asaltando violentamente la sede de la Central Obrera Boliviana donde fueron asesinados cobardemente los patriotas Marcelo Quiroga Santa Cruz, Carlos Flores Bedregal y Gualberto Vega Yapura (uno de los DESCALIFICADOS), asaltando igualmente el Palacio de Gobierno y apresando a la Presidente Lidia Gueiler y su gabinete, cometiendo toda una serie de asesinatos y violaciones múltiples a los derechos humanos.

Todo el llamado ciclo militar que se inaugura con el golpe del 4 de noviembre de 1964, por parte de René Barrientos Ortuño, continúa con Bánzer Suárez y culmina con García Mesa,  constituyó un verdadero manto negro de luto que cubrió la vida y la existencia del pueblo boliviano. Fueron 18 años de resistencia heroica del pueblo y sus organizaciones políticas y sindicales las que representadas por los actuales peticionarios, combatieron en condiciones sumamente difíciles la arremetida genocida del fascismo.

Las generaciones jóvenes no conocen la historia porque el neoliberalismo, que se apoderó de una democracia por la que jamás luchó y por el contrario fue cómplice de las dictaduras, sometió a los pueblos a una amnesia provocada por sus medios de comunicación corruptos que no hacen otra cosa que tergiversar la historia y hacer pasar los crímenes de las dictaduras como virtudes democráticas. Así transformaron a un dictador asesino en “demócrata” en el caso de Bánzer Suárez. Nos corresponde pues recordar a los “olvidadizos” que la democracia relativa que se abre trabajosamente por obra de los movimientos sociales revolucionarios tuvo como antecedente inmediato nuestra lucha sacrificada y victoriosa en los años terribles de la represión, el asesinato y la persecución sañuda.

La “democracia” del neoliberalismo que duró 15 largos años, significó desocupación, despidos, relocalizaciones, privatizaciones, capitalizaciones y otros atentados contra la Patria y los derechos de los pueblos y las clases oprimidas. También enfrentamos a esos enemigos de clase y junto con las nuevas generaciones derrotamos a sus expresiones políticas como el MNR en el recordado y glorioso octubre-17 de 2003. Sus protagonistas principales recibieron justamente el reconocimiento oficial y el resarcimiento por los daños sufridos. Del mismo modo, nosotros los reprimidos de las dictaduras fascistas militares exigimos igual trato.

Hay quiénes piensan que la historia de Bolivia comienza en el 2005 cuando resultó victorioso en la urnas el c. Evo Morales y su organización el MAS. No es así, la lucha es milenaria, comenzó con las insurrecciones indígenas del siglo XVIII, las luchas de independencia que le siguieron en el siglo XIX, las luchas republicanas anti-oligárquicas, etc., que constituyen la historia larga, después viene la historia media que comprende precisamente nuestras luchas sagradas del siglo XX y finalmente la historia corta que comienza con el nuevo siglo y que nos tiene otra vez como protagonistas pero sin tener la oportunidad verdadera de contribuir a su profundización y su victoria definitiva.

En nombre de los militantes políticos conocidos, perseguidos  desde hacen por lo menos 40 años, encarcelados, desterrados, confinados, torturados, exiliados y finalmente asesinados o desaparecidos por las dictaduras, exigimos la nulidad completa del falso proceso de evaluación, desconocemos la validez de la Comisión Evaluadora y que se disponga la investigación en aquellos casos en los que la duda sea razonable.

Finalmente, nos dirigimos a la opinión nacional, a las nuevas generaciones, a aquellos que no tienen idea de lo que significa enfrentar y vivir los largos años de dictadura militar-fascista, a fin de que tomen conciencia y apoyen aunque sea moralmente nuestros justos pedidos que como hemos explicado ya han sido reconocidos por una Ley del Estado y sus reglamentos, que sin embargo no podemos lograr su cumplimiento verdadero.

La información que se ha hecho pública por parte de la escolina Ministra de “Justicia”, Nilda Copa, expresa que el proceso de evaluación ya ha concluido y que en octubre se “cancelará” la indemnización a los 200 privilegiados.

Es preciso que esas “autoridades” sin ningún mérito, sepan que ese octubre verá a miles de revolucionarios víctimas de la violencia política llenar la Asamblea Plurinacional impidiendo que se consuma el atentado criminal contra la historia revolucionaria de Bolivia.

Estamos comprometidos con el proceso de transformaciones profundas que han conseguido las clases y las naciones oprimidas, nos sentimos legítimamente parte integrante de esos grandes esfuerzos y no por oportunismo que se manifiesta en algunos “masistas” de última hora, sino por convicción profunda en el triunfo de las aspiraciones históricas del pueblo boliviano.

La Paz,  Bolivia, Julio 30 de 2010.

Víctimas de la dictadura y de la democracia

Viviana Villarroel Vacaflor

La paradoja y la contradicción se manifiestan a diario, sin reparos. Su presencia es lacerante y desgarradora, pero casi como un paradójico “homenaje” a la contradicción, pasa casi desapercibida.

La muerte de la luchadora social Domitila Chungara (1937-2012) es un ejemplo de estas paradojas. El 13 de marzo, mientras la ex dirigente de las amas de casa mineras moría, otros luchadores sociales ingresaban en huelga de hambre en el Ministerio de Justicia e instalaban una vigilia que al terminarse de escribir esta columna (miércoles 21) había sido reprimida, pero no levantada. La represión ocurrió el día 21, exactamente 32 años después de la tortura y asesinato de Luis Espinal Camps, sacerdote jesuita víctima de la dictadura.

Tras la muerte de Domitila llegaron reconocimientos que no disfrutó en vida. El 14 de marzo, el Presidente Evo Morales impuso, de manera póstuma, el Cóndor de los Andes, y declaró: “la compañera Domitila siempre será para una profunda reflexión de las futuras generaciones. Gracias a ella somos autoridades electas, presidentes, gobernadores, asambleístas, alcaldes, porque el grupo de personas, compañeras y compañeros, enfrentaron la dura situación aquellos tiempos, y nosotros somos de las nuevas generaciones que no hemos vivido las dictaduras militares, aunque un poco de jovenzuelo, adolescente, escuchaba por los medios de comunicación, ¡qué dramática era la lucha cuando había golpes de Estado! Y por eso decir a todas las autoridades, electas especialmente, nos debemos a Domitila, y a ese grupo de hombres y mujeres que dieron una dura batalla cuando querían acallar al pueblo boliviano”.

Paradojas y contradicciones: mientras el Presidente discurseaba, una parte de “ese grupo de hombres y mujeres que dieron una dura batalla cuando querían acallar al pueblo boliviano”, mantenía, y aún mantiene, una protesta para pedir el cumplimiento de la Ley 2640, promulgada el 2004, y que instruye el pago de una indemnización a las víctimas de la dictadura.

El 21 de abril de 2006, ATB informó que un representante del Ministerio de Justicia había estimado que para octubre de ese año se tendría aprobado un decreto con la lista de beneficiarios para el pago respectivo. La misma red comunicó el 20 de agosto de 2010 que la falta de presentación de requisitos legales impedía a más del 95 por ciento de las víctimas de los periodos dictatoriales de 1964 a 1982 beneficiarse con el resarcimiento.

Ocho años después de promulgada la ley, el director de Comunicación del Ministerio de Justicia, Julio Peñaloza, declaró que “la demanda que involucra a 1.700 personas calificadas suma $us 17 millones, dinero que no está presupuestado y no está contemplado en la Ley Financial de este año” (Los Tiempos, 19 de marzo 2012).

Tuvo que llegar la muerte para que Domitila reciba el homenaje oficial, el de instituciones y el de la sociedad. A su muerte, casi como un recordatorio enviado para reconocer a este grupo de personas, le siguió, el martes 20, la de Gladys Oroza de Trujillo, madre de José Carlos Trujillo Oroza, desaparecido durante la dictadura de Hugo Banzer.

¿Tendrán que sobrevenir otras muertes para que se repare en algo el daño sufrido? Constancio Luna, otra víctima, ahora en la vigilia del Prado, declaró el lunes 19 a la Red Uno: “soy un hombre cadáver andante, por las torturas. He estado escondido durante el Gral. René Barrientos, después estuve un año y medio en la ciudad de las piedras, escondido, prácticamente un verdadero cavernícola… Escondido del gobierno de Luis García Meza Tejada… Yo he sido víctima de ambos”.

El Gobierno no cumple la Ley 2640, y la sociedad, que también tiene un pendiente con estas personas, mira y cuestiona, porque la protesta interrumpe la actividad normal, y no repara –no reparamos– en que las víctimas de la dictadura se han convertido ahora en víctimas de una democracia de agradecimientos tardíos, condecoraciones póstumas y compromisos incumplidos.

La autora es docente de Literatura y Lenguaje