Víctimas de la dictadura y de la
democracia
Viviana Villarroel Vacaflor
La paradoja y la contradicción se
manifiestan a diario, sin reparos. Su presencia es lacerante y desgarradora,
pero casi como un paradójico “homenaje” a la contradicción, pasa casi desapercibida.
La muerte de la luchadora social Domitila Chungara (1937-2012) es un ejemplo de
estas paradojas. El 13 de marzo, mientras la ex dirigente de las amas de casa
mineras moría, otros luchadores sociales ingresaban en huelga de hambre en el
Ministerio de Justicia e instalaban una vigilia que al terminarse de escribir
esta columna (miércoles 21) había sido reprimida, pero no levantada. La
represión ocurrió el día 21, exactamente 32 años después de la tortura y
asesinato de Luis Espinal Camps, sacerdote jesuita víctima de la dictadura.
Tras la muerte de Domitila llegaron reconocimientos que no disfrutó en vida. El
14 de marzo, el Presidente Evo Morales impuso, de manera póstuma, el Cóndor de
los Andes, y declaró: “la compañera Domitila siempre será para una profunda
reflexión de las futuras generaciones. Gracias a ella somos autoridades
electas, presidentes, gobernadores, asambleístas, alcaldes, porque el grupo de
personas, compañeras y compañeros, enfrentaron la dura situación aquellos
tiempos, y nosotros somos de las nuevas generaciones que no hemos vivido las
dictaduras militares, aunque un poco de jovenzuelo, adolescente, escuchaba por
los medios de comunicación, ¡qué dramática era la lucha cuando había golpes de
Estado! Y por eso decir a todas las autoridades, electas especialmente, nos
debemos a Domitila, y a ese grupo de hombres y mujeres que dieron una dura
batalla cuando querían acallar al pueblo boliviano”.
Paradojas y contradicciones: mientras el Presidente discurseaba, una parte de
“ese grupo de hombres y mujeres que dieron una dura batalla cuando querían
acallar al pueblo boliviano”, mantenía, y aún mantiene, una protesta para pedir
el cumplimiento de la Ley 2640, promulgada el 2004, y que instruye el pago de
una indemnización a las víctimas de la dictadura.
El 21 de abril de 2006, ATB informó que un representante del Ministerio de
Justicia había estimado que para octubre de ese año se tendría aprobado un
decreto con la lista de beneficiarios para el pago respectivo. La misma red
comunicó el 20 de agosto de 2010 que la falta de presentación de requisitos
legales impedía a más del 95 por ciento de las víctimas de los periodos
dictatoriales de 1964 a 1982 beneficiarse con el resarcimiento.
Ocho años después de promulgada la ley, el director de Comunicación del
Ministerio de Justicia, Julio Peñaloza, declaró que “la demanda que involucra a
1.700 personas calificadas suma $us 17 millones, dinero que no está
presupuestado y no está contemplado en la Ley Financial de este año” (Los
Tiempos, 19 de marzo 2012).
Tuvo que llegar la muerte para que Domitila reciba el homenaje oficial, el de
instituciones y el de la sociedad. A su muerte, casi como un recordatorio
enviado para reconocer a este grupo de personas, le siguió, el martes 20, la de
Gladys Oroza de Trujillo, madre de José Carlos Trujillo Oroza, desaparecido
durante la dictadura de Hugo Banzer.
¿Tendrán que sobrevenir otras muertes para que se repare en algo el daño
sufrido? Constancio Luna, otra víctima, ahora en la vigilia del Prado, declaró
el lunes 19 a la Red Uno: “soy un hombre cadáver andante, por las torturas. He
estado escondido durante el Gral. René Barrientos, después estuve un año y
medio en la ciudad de las piedras, escondido, prácticamente un verdadero
cavernícola… Escondido del gobierno de Luis García Meza Tejada… Yo he sido
víctima de ambos”.
El Gobierno no cumple la Ley 2640, y la sociedad, que también tiene un
pendiente con estas personas, mira y cuestiona, porque la protesta interrumpe
la actividad normal, y no repara –no reparamos– en que las víctimas de la
dictadura se han convertido ahora en víctimas de una democracia de
agradecimientos tardíos, condecoraciones póstumas y compromisos incumplidos.
La autora es docente de Literatura y Lenguaje
