AMNISTÍA
INTERNACIONAL
COMUNICADO
DE PRENSA
21 agosto de
2012
Bolivia:
Autoridades deben otorgar reparaciones integrales a víctimas de violaciones de
derechos
humanos durante regímenes militares y autoritarios
Las
autoridades de Bolivia deben otorgar reparaciones integrales a las víctimas de
violaciones de
derechos
humanos cometidas durante los regímenes militares y autoritarios en el país, en
línea
con los
principios internacionales, dijo hoy Amnistía Internacional.
El llamado
tuvo lugar en el 41 aniversario del golpe de Estado del general Hugo Bánzer
Suárez.
Durante los
siete años del régimen de Bánzer y otros gobiernos militares o autoritarios
entre 1964
y 1982 se
cometieron graves violaciones de los derechos humanos, incluidas torturas y
desapariciones
forzadas.
“A pesar de
algunos pasos positivos que se han tomado, incluyendo la exhumación de restos
de
desaparecidos,
no se han logrado avances en la identificación y enjuiciamiento de los
responsables.
Los archivos militares no se han desclasificado y miles de víctimas y
familiares
esperan sus
reparaciones,” dijo María José Eva Parada, investigadora sobre Bolivia de
Amnistía
Internacional.
Desde la
promulgación de una ley sobre resarcimiento a víctimas de violencia política,
en marzo
de 2004, el
Ministerio de Justicia de Bolivia recibió alrededor de 6.200 solicitudes.
Sin embargo,
según datos oficiales, sólo 1,714 personas han sido calificadas como
beneficiarias.
De estas,
hasta la fecha, alrededor de 800 personas habrían recibido alguna compensación
económica. El
resto de las peticiones han sido desestimadas.
Varias de las
personas afectadas se encuentran manifestándose frente al Ministerio de
Justicia
desde hace
aproximadamente seis meses.
Para poder
acceder a las medidas de resarcimiento, el Ministerio de Justicia solicitó a
las víctimas
certificados
médicos forenses sobre las torturas sufridas, certificados de defunción de
personas y
otros
documentos de la época que resultaban difíciles o incluso imposibles de
obtener.
“Los
requisitos impuestos por las autoridades para obtener las reparaciones
establecidas por ley
han sido
sumamente restrictivos y han imposibilitado a muchas víctimas acceder a
cualquier
medida de
reparación, además de promover la re victimización de muchas de ellas,” dijo
María
José Eva
Parada.
“Es
imprescindible que el Gobierno instaure un mecanismo de apelación y revisión de
las
solicitudes
que garantice a los sobrevivientes y los familiares de víctimas su legítimo
derecho a
obtener
reparaciones por las violaciones sufridas.”
En abril y
mayo de este año fueron aprobados una ley y un decreto por el cual se
disminuyeron las
cantidades
económicas para resarcimiento previstas en la ley de 2004 y se hizo pública la
lista de
beneficiarios;
pero sin indicar el monto que recibirían. Según información obtenida por
Amnistía
Internacional,
las personas beneficiadas desconocen el alcance de la indemnización hasta el
momento de
recibirla.
“Por un lado,
muchas víctimas enfrentan dificultades para acceder a las medidas de
resarcimiento;
y por el otro, cuando pueden acceder a estas medidas, se les niegan las
cantidades
económicas
previstas por la ley de 2004 y además hay falta de transparencia en cómo se
determinaron
los montos y cuáles son,”dijo María José Eva Parada.
Información
complementaria
El 11 de marzo
de 2004 se dictó la Ley 2640 de “Resarcimiento excepcional a víctimas de la
violencia
política en periodos de gobiernos inconstitucionales”.
La normativa
establece una serie de medidas compensatorias tales como asistencia médica
gratuita,
rehabilitación psicológica y beneficios económicos para víctimas y familiares
de personas
que hubieran
sufrido tortura y desapariciones forzadas, entre otras violaciones de derechos
humanos.
Según esta
ley, el Estado se comprometía a pagar el 20 por ciento del resarcimiento total
mientras
que buscaría
fondos externos para pagar el 80 por ciento restante. El 30 de abril de 2012 la
Asamblea
Legislativa Plurinacional aprobó la Ley 238 que modifica dos artículos de la
Ley 2640
relacionados
con el pago económico a las víctimas. Un día después fue aprobado el Decreto
Supremo 1211
para reglamentar el pago individual y aprobar la lista oficial de personas
beneficiarias.
Las víctimas y familiares aseguran que las autoridades solamente están pagando
hasta el 20
por ciento de lo que les correspondería según la ley aprobada en el 2004.
En junio de
2012 Amnistía Internacional escribió a la Ministra de Justicia de Bolivia para
solicitar
información
sobre el cumplimiento de la Ley 2640 y las medidas adoptadas para garantizar el
derecho de las
víctimas a una reparación justa. Hasta la fecha, la organización no ha recibido
respuesta de
las autoridades.
Conforme al
derecho internacional el Estado tiene la obligación de otorgar una reparación
integral
a las victimas
de violaciones de derechos humanos incluyendo medidas para la restitución, la
indemnización,
rehabilitación, satisfacción y garantías de no repetición.
Según los
informes de las organizaciones de víctimas durante los regímenes autoritarios o
militares
(1964-82) hubo
más de 100 desapariciones forzadas. Se calcula que durante los siete años del
régimen de
Bánzer (1971- 1978) centenares de personas fueron víctimas de torturas y más de
70
fueron
desaparecidas.
Para
más información o para solicitar una entrevista, favor de contactar a: Josefina
Salomón, +44
7778 472 116,
jsalomon@amnesty.org
